El PP acusa de prevaricación al Gobierno

MIGUEL ÁNGEL NOCEDA, La precampaña electoral entró ayer de lleno en una batalla frontal. El Partido Popular lanzó un duro ataque a la línea de flotación del PSOE al acusar de prevaricación a varios miembros del Gobierno -entre ellos, el presidente, Felipe González; el vicepresidente, Narcís Serra, y el ministro de Economía, Carlos Solchaga- por no haber sometido a aprobación del Consejo de Ministros inversiones de Kuwait Investment Office (KIO) en España. El secretario general del PP, Francisco Álvarez Cascos, pidió también la dimisión o destitución inmediata de Solchaga, del que dijo que "mintió al Parlamento" cuando manifestó que el Gobierno no tenía constancia de que esas inversiones dependieran directamente del Estado de Kuwait, hecho que obliga a que una inversión la apruebe el Consejo. Cascos subrayó que "existen indicios racionales para interponer una querella", pero descartó hacerlo antes de las elecciones.

Francisco Álvarez Cascos presentó ayer a la prensa un amplio informe -más de 500 páginas- sobre las inversiones de KIO en España realizado por una comisión constituida por el PP, de la que también forman parte Luis Ramallo y Manuel Milián, y que se creó antes de la convocatoria de elecciones. La presentación del informe irrumpe en la campaña como un arma electoral arrojada por el PP contra el Gobierno socialista. "Este Gobierno, además de por Filesa, será conocido como el Gobierno de KIO", afirmó ayer Álvarez Cascos.A juicio de Cascos, sobre las inversiones de KIO "hay pruebas suficientes para destacar que Solchaga y otros miembros del equipo económico conocían la condición de naturaleza soberana del Estado kuwaití, por lo que deberían haberlo sometido a aprobación especial del Consejo de Ministros". También acusa de "irregularidades graves" al ministro y a varios altos cargos, y ex altos cargos. Por ello, pidió la dimisión o destitución del ministro, así como de Narcís Serra (implicado en algunas privatizaciones, como la Explosivos Río Tinto, según el PP, como ex ministro de Defensa), Claudio Aranzadi (actual ministro de Industria) y Luis Carlos Croissier (ex ministro de Industria y actual presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores).

La acusación de prevaricación afecta a todos éstos e incluye al presidente del Gobierno "por omisión". Según las propuestas de actuación, la interposición de la querella se retrasará, "teniendo en cuenta que nos encontramos en proceso electoral y con el fin de evitar que el ejercicio de la acción penal "pudiera considerarse con finalidad mera o exclusivamente electoralista".

Cascos subrayó que por ese motivo "debiera remitirse al fiscal general del Estado para que ejerciera las correspondientes acciones penales", pero añadió que el PP tiene "fundadas cautelas acerca de la objetividad" del fiscal general, Eligio Hernández, por lo que "se reserva su derecho a ejercer las acciones penales finalizado el periodo electoral".

Prueba contundente

Cascos indicó que si cambia el fiscal general -circunstancia que ocurrirá si el PP llega al poder-, se le remitirá la documentación. Si no cambia ni se admite una vía parlamentaria, como pidieron tanto el PP como Izquierda Unida, los populares presentarán la querella.

El secretario general popular presentó varios documentos que, según él, atestiguan el conocimiento por parte del Gobierno de la soberanía kuwaití sobre las inversiones de KIO. El informe recoge, las fotocopias de las transacciones de acciones de tres empresas de KIO (Hotasa, Casino Tamarindos y Lavanderías Turísticas) a una subsidiaria suya, denominada Spreeuw Onroerend y domiciliada en Holanda a principios de abril de 1987. Las operaciones "figuran en Transacciones Exteriores".

La prueba más contundente es el informe remitido el 27 de junio de 1988 por el entonces director general de Transacciones Exteriores, Manuel Conthe, hoy director general del Tesoro; al jefe de gabinete de Solchaga, Luis Sempere, y al secretario de Estado de Comercio, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. En él se advierte del carácter "excepcional" que recibían las inversiones de KIO en España. En el escrito, Conthe dice que, "dado que hasta ahora, con la excepción de la inversión en Agrícola de Barbate, las inversiones de KIO han sido tramitadas como si se tratara de inversiones efectuadas por inversores privados, existe una manifiesta discordancia entre la previsión normativa y la realidad".

Ante eso, Conthe propuso, "a fin de superar esa discondancia", autorizar a posteriori las inversiones realizadas o modificar la normativa. "La primera alternativa implicaría cierta negligencia por parte de este ministerio en la tramitación de las inversiones, pero viable jurídicamente", dice Conthe. Sobre la modificación, mantiene que "podría hacerse con la reforma del reglamento de inversiones extranjeras".

Nulidad

En la propuesta de actuación, el PP también estima que debe proponer al Gobierno el ejercicio de "acción de nulidad" de los actos administrativos declarados de derecho. "Si, como es de prever, el Gobierno no ejerce, de oficio, la acción de nulidad, la Comisión [del PP] estima que no procede por el momento el ejercicio y propone una demora o aplazamiento de tales iniciativas hasta conocer el resultado de las elecciones".

Asimismo considera que se debe realizar un análisis de la actuación de la Comisión de Valores "que permita una depuración de las responsabilidades en que, según indicios, ha podido incurrir ese organismo".

El PP asegura que hay probadas "irregularidades graves de las que se derivan responsabilidades políticas ineludibles", en las que incluye a los mencionados ministros y ex ministros; a los sucesivos secretarios de Estado de Comercio, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Apolonio Ruiz Ligero y Miguel Ángel Feito, y a los directores generales de Transacciones Exteriores Manuel Conthe, Luis Alcaide, Javier Fernández Méndez de Andrés y Fernando Eguidazu.