La Comisión de Derechos Humanos rechaza una queja de Ruiz-Mateos

La Comisión Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo ha rechazado por unanimidad una demanda de José María Ruiz-Mateos y otros 10 ex propietarios de Rumasa contra España, en la que impugnan la expropiación de dicho holding en 1983. La comisión avala la no admisión a trámite por el Tribunal Constitucional español de una cuestión de inconstitucionalidad sobre la reversión de una empresa de Rumasa.

La demanda ahora rechazada por la Comisión de Estrasburgo -por lo que ya queda vedado el conocimiento de la misma por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos- guarda relación con la decisión del Gobierno español de privatizar algunas de las empresas de Rumasa, tras su expropiación el 23 de febrero de 1983. Ruiz-Mateos pidió a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que cuestionara la ley 7/1983, por la que se expropió Rumasa. Así lo hizo la sala, que planteó al alto tribunal si dicha ley era conforme con los principios de legalidad, presunción de inocencia, irretroactividad de las leyes penales y derecho de propiedad.El 19 de noviembre de 1991, el Tribunal Constitucional, tras el informe del fiscal general del Estado, declaró inadmisible la cuestión. El alto tribunal manifestó que, a través de ú cuestión planteada, los demandantes pretendían en realidad que fuera de nuevo juzgada la constitucionalidad de la ley expropiadora de Rumasa, ya resuelta.

Ante la Comisión Europea de Derechos Humanos, los demandantes invocaron la "igualdad de armas" en el proceso, ya que no fueron oídos por el Tribunal Constitucional antes de que éste decidiera rechazar la cuestión planteada por un órgano judicial. Esta alegación es una de las que fundamentó, en una demanda anterior de Ruiz-Mateos sobre otra cuestión de inconstitucionalidad inadmitida por el alto tribunal español, que la comisión dictaminara en su favor y la remitiera al tribunal europeo, que todavía la tiene pendiente de sentencia.

Unanimidad

El rechazo de la nueva demanda de José María Ruiz-Mateos notificado ayer se produjo por unanimidad de los nueve miembros de la sala segunda de la comisión, en su sesión del 31 de marzo último. La Comisión de Estrasburgo señala que este caso difiere del anterior, ya que el Tribunal Constitucional, aunque es cierto que no ha oído a Ruiz-Mateos, tampoco ha escuchado -como en la otra cuestión- al letrado del Estado español ni a "ningún representante directo o indirecto del poder ejecutivo". Para la Comisión de Estrasburgo, el informe del fiscal general del Estado ha sido presentado, no como representante del Ejecutivo, sino "en su calidad de defensor de la legalidad y del interés público".Otra demanda similar, enviada por la comisión, fue vista por el pleno del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 27 de enero último, en una sesión a la que asistió José María Ruiz-Mateos. La sentencia se espera para el próximo mes de junio. Los abogados de José María Ruiz-Mateos pidieron una reparación de dos billones de pesetas, mientras que el representante del Gobierno español estimó que, en el caso de que el Estado español fuera condenado, la publicación de la sentencia "sería suficiente satisfacción".