Leguina quiere que se sepa cuánto ganan todos los políticos regionales

El Partido Popular ganó por la mano. Hace dos semanas, fue el primer grupo político de la Asamblea que reclamó para cualquier ciudadano el derecho a conocer el patrimonio de los altos cargos de la Comunidad y de los diputados regionales. El Gobierno de Joaquín Leguina aceptó el reto ayer, pero corregido y aumentado. No bastará con un registro de los bienes personales ante notario, como propugnaban los populares; también habrá que presentar las declaraciones de la renta y del patrimonio de los últimos cinco años.

El PP pretendía en su iniciativa parlamentaria que la obligación de hacer públicos los bienes de diputados y altos cargos fuese efectiva a partir de la próxima legislatura, en 1995. El Gobierno regional no quiere esperar tanto. "Tendrán que presentar la declaración un mes después de que se apruebe la norma; la gente quiere saber cuánto ganan los políticos", advirtió ayer un colaborador de Leguina. Además, la información facilitada al presidente de la Cámara regional deberá ser entregada también a los demás grupos parlamentarios.

En la actualidad, los diputados de la Asamblea tienen depositada una declaración de su patrimonio al comienzo de la legislatura (junio de 1991) en un registro notarial, que no puede ser consultado por el público.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad dio ayer luz verde a dos propuestas, una dirigida a la normativa de incompatibilidades de los cargos (consejeros, directores generales...), y otra para reformar el Reglamento de la Asamblea. Ambos acuerdos vienen a obligar a los políticos regionales a airear sus bienes y fuentes de ingreso en los últimos cinco años.

Izquierda Unida también había preparado una iniciativa parlamentaria para hacer públicos los ingresos de parlamentarios y altos cargos, pero el PP se anticipó y presentó su propuesta antes en el registro de la Asamblea madrileña.

Contratos vigilados

El PSOE, por su parte, defenderá la semana próxima en el Parlamento un conjunto de medidas para reformar el sistema de contratación de la Comunidad de Madrid.

El escándalo de Construcciones Atocha, investigado tras una denuncia del PP, destapó las deficiencias del actual sistema de adjudicación de obras. Por ejemplo, el Gobierno regional llegó a pagar facturas por materiales de construcción que no existían.

Ahora los socialistas piden que las empresas sean examinados con lupa por una junta de contrataciones y que todas las obras sean supervisadas por un equipo de inspectores de la Comunidad para evitar los pagos indebidos.