Por la tolerancia

ES SORPRENDENTE que en las postrimerías del siglo XX -el mismo que vio la llegada del hombre a la Luna y la revolución informática- aún sea preciso luchar por conseguir la igualdad de derechos entre quienes pagan impuestos, son reclutados cuando las circunstancias así lo aconsejan y, en general, cumplen con todos los deberes que la organización política y jurídica de la sociedad les impone. Eso manifestaron el pasado domingo en Washington el millón de personas, homosexuales y heterosexuales, que pedían, básicamente, una total integración civil en la sociedad -incluida la posibilidad del casamiento-.Con tal motivo se han recordado otras manifestaciones que entraron ya en la mitología de la lucha por los derechos civiles: la de 1963, por la igualdad racial; la de 1969, en contra de la guerra de Vietnam, y la que el 28 de junio de 1979 reunió a 300.000 homosexuales ante la Casa Blanca para rememorar el décimo aniversario del nacimiento del orgullo gay, cuando los clientes del mítico Stonewall Inn de Green Village, un bar de ambiente homosexual de Nueva York, dijeron basta al continuo acoso policial que se ejercía contra ellos. Lo que se pedía en Washington era el levantamiento de la prohibición que pesa sobre los homosexuales en el Ejército, aumento de presupuesto para la investigación sobre el sida y reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo. Es evidente que quienes sienten y eligen una determinada manera de amar no deberían ser marginados por dicha elección. Son problemas que el propio sentido común considera personales y, por tanto, ajenos al ordenamiento jurídico, político, económico o militar vigentes. También es evidente que la aceptación social suele tener una mayor flexibilidad que las normativas al uso. Al margen de las individualidades o instituciones intolerantes, los países han modificado sustancialmente sus criterios respecto a la permisividad sexual, y lo que hace unos años se consideraba un mal en sí mismo hoy es aceptado con relativa normalidad.

Pero en esta batalla contra la discriminación en razón de la práctica homosexual, cuyo enemigo está constituido por un espeso muro de tabúes, prejuicios y miedos de diverso origen social, moral y religioso, los retrocesos y los avances están a la orden del día. La segunda mitad de los años ochenta ha conocido las primeras leyes antidiscriminatorias de la homosexualidad en Francia, Noruega y Dinamarca, mientras que el Vaticano volvía a condenarla -más duramente sí cabe que en el pasado-, y la doctrina de la Administración de Reagan y la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos propiciaban la condena de las prácticas sexuales no convencionales, aun entre adultos y en privado. En España, la Constitución de 1978 es tajante a la hora de prohibir todo tipo de discriminación en razón de "cualquier condición o circunstancia personal", pero problemas tan cotidianos como la equiparación de derechos -herencia o pensión- entre las parejas homosexuales siguen sin ser resueltos ni en la ley ni en los tribunales.

La simple enumeración de las reivindicaciones sociales -igualdad racial, pacifismo y derechos de los homosexuales- configura un enemigo difuso pero cuyo perfil remite directamente a la intransigencia. Sólo desde la intolerancia se puede defender la segregación racial o sexual y el uso de las armas frente a la razón. Si hay algo evidente en este complejo fin de siglo es, sin duda, el ansia masiva de deslindar lo público de lo privado, el deseo de conseguir un respeto por y para la privacidad, basado, en parte, en el derrumbe ideológico de quienes pretendían tener recetas milagrosas desde el pragmatismo neoliberal o la utopía igualitaria. La estrategia del voto homosexual, tan hábilmente utilizada por Clinton, constituiría un fraude si sólo fuera un modo de recoger votos. Es ocasión de ver si, ante todo, sirve para ampliar el campo de los derechos y libertades civiles en la sociedad norteamericana y ser punto de referencia contra la intolerancia en otras latitudes.