El Supremo conmina a Barbero a que aclare los cargos contra Sala para decidir sobre Filesa
La Sala Segunda de¡ Tribunal Supremo reclamó ayer un informe "inmediato" al instructor delcaso Filesa, Marino Barbero, sobre si ha adoptado alguna medida cautelar o dictado alguna resolución inculpatoria respecto inculpatoria respecto al diputado del Parlamento de Cataluña Josep Maria Sala, que recientemente ha perdido la condición de senador. Incidentalmente, la resolución sale al paso de algunos comentarios relativos a la competencia sobre el caso Filesa y aprovecha para recordar al juez Marino Barbero que es la Sala Segunda y no el instructor quien debe decidir sobre la cuestión.
La providencia acuerda, en términos imperativos, instar al juez instructor para que "inmediatamente, al recibo de dicho oficio", informe al tribunal, a los efectos del artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, sobre alguna resolución inculpatoria respecto a Josep Maria Sala. "En caso afirmativo", añade la providencia, "deberá unir copia de dicha resolución al informe indicado". La resolución fue interpretada en medios jurídicos como un nuevo "varapalo" al instructor en la escalada de tensión entre éste y la Sala Segunda.El artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Cataluña establece que los miembros del Parlamento catalán "serán inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo". Añade el Estatuto que "por los actos delictivos cometidos en el territorio de Cataluña" corresponde decidir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Fuera de dicho territorio, la responsabilidad penal será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Fuentes próximas a la instrucción del caso Filesa indicaron que la respuesta del juez Barbero, que será remitida el lunes a la Sala Segunda, no tendrá más remedio que ser negativa, ya que Josep Maria Sala no está formalmente inculpado. Sin embargo, en medios del alto tribunal indicaron que de una respuesta negativa de Barbero no cabe deducir necesariamente una remisión de la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ya que en el pronunciamiento sobre la competencia debe tenerse en cuenta el lugar donde se cometieron los delitos.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José Antonio Somalo se mostró ayer partidario de que el caso Filesa continúe en el Supremo, "porque ya tiene los antecedentes, el asunto está bastante avanzado y ya lleva bastante tiempo".
Los comentarios del encargado de asuntos jurídicos del PP, Federico Trillo, relativos a que la competencia del caso Filesa debe corresponder al juez Marino Barbero y no a la Sala Segunda, causaron ayer un patente malestar entre algunos magistrados del alto tribunal, que empiezan a ver al Supremo en el centro de la batalla electoral. Tal malestar queda incidentalmente reflejado en al providencia de la Sala Segunda, dirigida al juez Barbero "a los efectos de que esta Sala acuerde lo procedente sobre su propia competencia, y por consecuencia, la del instructor". La resolución menciona el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que el Tribunal Supremo no podrá formar ni promover competencias "y ningún juez, tribunal o parte podrá promoverlas contra él".
Así las cosas, el lunes se reunirá la Sala del 61, una sala especial del Tribunal Supremo encabezada por su presidente, Pascual Sala, que deberá decidir sobre la recusación planteada por Ainco contra los magistados Enrique Ruiz Vadillo, Luis Román Puerta y José Augusto de Vega. La decisión se conocerá la próxima semana, aunque en medios de la magistratura se señala que la recusación ser a previsiblemente rechazada.
Reunión general
A mediados de semana, se espera que se reúna el presidente de la Sala Segunda y sus 14 magistrados en sala general, para decidir sobre el destino de las causas especiales contra aforados en el Tribunal Supremo. Si se aprecia la vigencia de una ley de 9 de febrero de 1912 invocada por la acusación particular del PP, el proceso debería seguir en el Supremo, ya que dicha ley prevé que la competencia del alto tribunal se extenderá "hasta la conclusión del proceso, con independencia de la vida legal de las Cortes a que pertenecieran los acusados".
En contra de la vigencia de esta ley, Pablo Jiménez de Parga, abogado, de los accionistas de Filesa, Luis Oliveró y Alberto Flores, presentó ayer un escrito en el que afirma que el artículo 7 de dicha ley extiende la competencia del Supremo hasta el final del proceso "sólo si la autorización para procesar ya está concedida". Además, entiende que la ley de 1912 está derogada por la Constitución.
