Maragall y Álvarez del Manzano firman una tregua en el año electoral

El alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, del PSOE, viajó ayer a Madrid para firmar una simbólica tregua con su homólogo madrileño, José María Álvarez del Manzano, del PP. Ambos pretenden encabezar una batalla municipalista contra las autonomías y el Estado, y para ello se han propuesto estar "por encima de los avatares políticos", comentó el alcalde madrileño. Su lucha va encaminada a conseguir una legislación especial para ambas ciudades con el fin de asegurarse más competencias y mayor autonomía financiera. El debate de esta ley en Madrid está paralizado.

Los alcaldes de Madrid y Barcelona se han propuesto quedarse al margen de la batalla electoral. "Hemos proclamado que 1993, que es el año de la confrontación [electoral], sea también el año de la tregua municipal", comentó Pasqual Maragall ayer en Madrid. Ambos municipes compartieron gran parte de la jornada para emitir un mensaje unánime de reivindicación local. "Nuestro mensaje municipal tendrá un juez inapelable, como es la historia", dijo rotundo Maragall.El frente común que defienden las principales ciudades españolas va encaminado a conseguir una ley especial, y distinta para cada urbe, que les permita, por ejemplo, obtener mayor participación en los ingresos del Estado y depender menos de los Gobiernos autónomos y estatal. Madrid y Barcelona forman parte del pequeño G-7, como define Maragall al grupo de siete grandes ciudades españolas -las otras cinco son Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga y Zaragoza- que reclaman un porcentaje de la recaudación del impuesto sobre la renta. El presidente de la Federación de Municipios y alcalde de La Coruña, Francisco Vázquez, cifró recientemente esta cuota en un 7,5%.

Mesas a tres

Maragall decidió ayer no entrar a discutir el porcentaje. "Hay que estar en el fondo del acuerdo, no en la forma. Para eso hay que pensar en mesas a tres [Ayuntamientos, autonomías y Estado]". No obstante, el alcalde barcelonés comentó una propuesta novedosa que están impulsando los municipios catalanes: que los poderes central y regional asuman un porcentaje de los intereses de la deuda contraída por los ayuntamientos. Maragall impulsa esta idea con una contrapartida. Los municipios, cree el alcalde, son los más capacitados para fomentar el empleo.

Los alcaldes enarbolan la bandera municipalista. "Queremos extender la idea de que el escalón primero de los ciudadanos es su municipio y que la Europa que se está construyendo es la de las ciudades", comentó Álvarez del Manzano. Maragall, en una conferencia pronunciada en la Universidad Complutense, resumió así los objetivos de la lucha municipal: "Más recursos, más competencias y más autonomía para organizarse y actuar".

El pequeño G- 7 pretende que sus reivindicaciones se traduzcan en un régimen jurídico especial para las grandes urbes. Maragall entiende además que tal necesidad es más acuciante en el caso de las capitales, ya sea estatal o autonómica. "Parece una paradoja, pero el tratamiento jurídico diferenciado de ciudades como Barcelona despierta más reticencias en el ámbito autonómico que en el estatal", dijo en la universidad. Por ello, Maragall quiere implicar en esta negociación a los presidentes de comunidad.

Otro de los objetivos del G-7 local es determinar claramente las competencias de los municipios y dotarles de capacidad económica suficiente para poder desarrollarlas. Maragall se quejó en su conferencia de las escasas referencias al Gobierno local que existen en la Constitución y en los estatutos de autonomía y pidió la creación de una secretaría de Estado para los grandes núcleos urbanos.

Según el alcalde de Barcelona, la ley especial de las ciudades debe acabar con problemas como éstos: la capacidad sancionadora de los alcaldes en materia de seguridad es muy limitada, las sanciones de tráfico no tienen cobertura legal, los ayuntamientos no participan en la programación de la enseñanza ni deciden en materia de protección del medio ambiente.

Servicios superpuestos

Además, explicó Maragall, las otras administraciones crean servicios que se superponen a los municipales, como la inspección de espectáculos o los servicios sociales.

Tanto Madrid como Barcelona han dado los primeros pasos en la elaboración de sus respectivas leyes especiales. La de Madrid, denominada Ley de Capitalidad, empezó a gestarse en una comisión formada por el Ayuntamiento y la Comunidad, pero "el proceso de estudio está detenido", reconoció Álvarez del Manzano. El alcalde de Madrid explicó que la paralización se ha debido a los problemas internos que han sufrido ambas instituciones en los últimos meses.

Barcelona, por su parte, ha elaborado un anteproyecto de carta municipal. Este borrador, que adelantó Maragall en la universidad, prevé la participación del municipio en los ingresos estatales del impuesto sobre la renta y en el tributo autonómico de transmisiones patrimoniales. El borrador va más lejos. Barcelona reclama también competencias en materia judicial y solicita que el Ayuntamiento pueda intervenir en la designación de los jueces.