El Ayuntamiento, incapaz de evitar el fraude en aparcamientos de residentes

Los aparcamientos para residentes (PAR), que se inventaron para que los vecinos dejaran el coche, se han convertido en una fábrica de dinero negro. Las plazas se alquilan sin recibos o se venden con impunidad a trabajadores de la zona que no tienen derecho a usarlas. El Ayuntamiento reconoce que las irregularidades afectan a un 5% de las 42.000 plazas (sobre todo en el centro de la ciudad), pero es incapaz de actuar. En dos años sólo ha retirado tres concesiones de plaza.

A este ritmo (tres pícaros descubiertos cada dos años), la Concejalía de Circulación tardará 13 siglos en actuar contra los 2.000 titulares de plazas de aparcamiento para residentes que están negociando ilegalmente con ellas. Algunos, además, lo hacen con total descaro. Los concesionarios anuncian el alquiler o venta de las plazas con carteles en el mismo estacionamiento o con anuncios en los periódicos.Los escasos medios de control e investigación de que dispone el Ayuntamiento -"menos de dos personas", reconocen con impotencia los responsables- convierte el fraude en un negocio rentable y sin peligro.

La pena por la ilegalidad, además, no es onerosa. A las tres personas descubiertas en flagrante el Ayuntamiento se limitó a quitarles la concesión, aunque devolviéndoles el dinero que pagaron por ella (descontado el tiempo de uso y sumados los índices de precios al consumo).

Así, los concesionarios recuperaron su inversión y se embolsaron lo obtenido por el uso ilegal de la plaza durante el tiempo en que la alquilaron. Dos de ellas estaban en el aparcamiento de Corazón de María, y la otra, en el de la avenida de Pablo Iglesias.

Fiarse uno del otro

Esta situación irregular es generalizada en el aparcamiento Rosales II, según reconoció una de las personas que obtuvieron la concesión municipal y que anunció el alquiler de dos plazas en el Segundamano. "Casi todas las plazas [de este aparcamiento] están alquiladas porque todo el mundo tiene su plaza en el garaje de la casa", justificó la interesada el sábado en Onda Madrid. El anuncio decía: "Dos plazas de garaje. Vigilancia 24 horas. Junto acceso de peatones. 15.000 pesetas [mensuales] cada una".La interlocutora reconocía que si se tratara de algo legal, el precio sería más caro: "Saldrían por 25.000 o 30.000 pesetas". Y todo, sin papeles: "Realmente, contrato no se hace, es de palabra. Es fiarse uno del otro".

José Manuel Pradillo, responsable del PAR, reconoce que la picaresca existe, sobre todo en los aparcamientos más céntricos o aquellos que están rodeados de oficinas. "Un 5% de las plazas como media pueden estar en esta situación. Puede ser un 15% en el centro y un 0% en la periferia. Pero es muy difícil controlar 40.000 plazas", comenta.

Pradillo añade que la única forma de demostrar el uso ilegal es comparar la matrícula del coche que usa la plaza con la que declaró el concesionario y abrir un expediente con audiencia del interesado. Para Pradillo, el anuncio del Segundamano no es prueba suficiente.

El concejal socialista Eugenio Morales asegura que Rosales II, como otros aparcamientos, es un nido de irregularidades. "Hay tres familias que viven en la zona de Rosales que tienen cuatro y cinco plazas, cuando no se pueden tener más de dos por vivienda, y eso, sólo cuando sobran plazas", comenta.

Pero lo más grave, según denuncia la oposición, es que el programa de aparcamientos para residentes ha perdido su significado. El Ayuntamiento ha convertido los PAR en una fuente de financiación al recargar las plazas de aparcamiento con un impuesto que puede llegar a las 750.000 pesetas.

La picaresca contribuye, además, a que las plazas puedan ser usadas por trabajadores y comerciantes de la zona. "Un programa que nació para fomentar el transporte público se ha convertido en un plan para incentivar el uso del coche privado, y en un negocio que mueve miles de millones", dice Morales.

Prueba de ello, denuncia Morales, es que se autorizan aparcamientos para residentes en polígonos industriales o con una capacidad que excede la demanda de la zona. En estos casos, los promotores consiguen autorización municipal para vender las plazas a cualquier persona interesada. Son los aparcamientos para residentes sin residentes.