El PSOE, dispuesto a pactar la reforma del alquiler de los locales comerciales

Los grupos parlamentarios inician mañana los contactos oficiales para consensuar la ley de aquileres, coincidiendo con el inicio de] debate en el Congreso de la ponencia del proyecto de Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El PSOE acepta cambios al proyecto de ley, que afectarán al tratamiento de los locales comerciales, en tanto que retocar la actualización de las rentas congeladas en vivienda parece más complicado.

La propuesta formal de alcanzar un amplio consenso fue formulada por el ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, el pasado 11 de marzo en el debate de las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley. Todos los grupos de la oposición, a excepción de Izquierda Unida, aceptaron la iniciativa de Borrell. Desde esa fecha hasta ahora se han producido diversos contactos informales, principalmente entre el PSOE, Convergència i Unió, el Partido Nacionalista Vasco y el Centro Democrático y Social.El proyecto de ley establece importantes variaciones tanto en el alquiler de viviendas, como en el de locales comerciales. Sobre viviendas, establece un periodo de cuatro años de duración mínima del contrato, actualiza las rentas congeladas con la inflación y recorta el derecho de subrogación. Respecto a locales de negocio, el proyecto dicta un calendario de resolución de contratos en un máximo de 16 años y la actualización de las rentas congeladas en cinco años.

El mayor debate se centra en el impacto que la reforma del alquiler de los locales comerciales puede tener sobre el futuro de las pequeñas y medianas empresas, así como en la actualización de los precios de las rentas congeladas en vivienda.

Negocios pequeños

Negociar el primer aspecto, sobre el que han hecho especial hincapié CiU, PNV y CDS, parece contar con la aquiescencia del PSOE, al establecer una diferenciación entre los pequeños y los grandes negocios. Sin embargo, la dificultad estriba en dónde fijar la distinción entre unos y otros. Una de las propuestas concretas ha partido del ponente del CDS, Rafael Martínez Campillo. Su idea es establecer dos regímenes distintos, más suave para los pequeños negocios, que quedarían definidos como los que dan trabajo a un máximo de 10 personas. El fondo de la propuesta es compartido por el PSOE, aunque si prospera la idea, el tope de definición de pequeña empresa estaría por debajo de esa decena de personas.

El segundo de los temas a debate, la actualización de las rentas congeladas en vivienda, parece más complicado de consensuar, puesto que la mayor parte de las propuestas alternativas conllevan un coste fiscal dificil de encajar. El PP ha propuesto actualizar las rentas congeladas en un periodo de diez años, acumulando la inflación desde el momento en el que se firmó el contrato hasta que entre en vigor las futura ley, aunque con un esquema complementario de ayudas fiscales para determinados casos. Fuentes del partido conservador aseguran que, con su fórmula, un alquiler de de 1.500 pesetas de 1970 puede pasar a 24.000 pesetas dentro de diez años, o que un arrendamiento de 648 pesetas en 1962 se convertirá en 17.600 pesetas en el año 2003.

Otras de las propuestas que pueden obtener un rápido consenso son la equiparación de los cónyuges en cuanto a los derechos que conlleva el alquiler -hasta ahora se daba prioridad a los hombres-, la igualdad para las parejas de hecho incluidas las homosexuales, y el establecimiento de algún tipo de sistema arbitral que descargue los procedimientos judiciales.