La oposición exige que González dé explicaciones

Los dos grupos mayoritarios de oposición, el PP e Izquierda Unida han pedido que el presidente del Gobierno, Felipe González, dé explicaciones y muestre con hechos su voluntad de acabar con la corrupción y separe del PSOE a las personas que realizaron esas prácticas.El vicepresidente del Congreso por el PP, Federico Trillo, advirtió: "Vamos a ver si es verdad que el PSOE tiene esa voluntad de acabar con la corrupción y empieza no entorpeciendo la acción de la justicia y si hay suplicatorios vota a favor de ellos".

Para Pablo Castellano, de Izquierda Unida, en el informe "aparecen claramente la financiación irregular del POSE sobre unas sociedades ficticias que fingían servicios para que determinadas empresas -ellas tendrán que decir a cambio de qué- concedieran cantidades para su financiación".

El representante de la acusación particular en el caso, Marcos García Montes, ve en la documentación de Hacienda "una prueba más de la responsabilidad en los hechos de los parlamentarios socialistas Carlos Navarro y Josep Maria Sala. En su opinión las empresas se convierten en sujetos pasivos del delito de falsedad en documento mercantil, fraude fiscal; delitos que contemplan penas de 6 a 12 años". El abogado cree imprescindible tomar declaración a Aida Álvarez y pedir un suplicatorio, diligencias que solicitará en las alegaciones que piensa remitir al magistrado Barbero.

Antonio Urdiales, representante de la Asociación contra la Injusticia y la Corrupción (AINCO) fue aún más lejos, al anunciar que va a pedir al juez Barbero que solicite el suplicatorio para procesar al presidente del Gobierno, Felipe González, en su calidad de secretario general del PSOE.

"Excesos" de los peritos

Pablo Jiménez de Parga, abogado de los propietarios y administradores del grupo Filesa, Luis Oliveró y Alberto Flores, afirmó ayer que el informe de los peritos judiciales sobre estas empresas "exceden los límites de la prueba que fue acordada". El letrado asegura que llegan a conclusiones "improcedentes en una pericia" y reservadas, en todo caso, al juez y a la sala.

La abogada Inmaculada Cardona, defensora de Josep, Maria Sala, declaró que el informe no contiene "ni un sólo hecho concreto de gestión que se atribuya a Sala y que sería lo que generase responsabilidad penal". Cardona cree que contiene inexactitudes y contradicciones con otras pruebas practicadas en la causa y confunde la labor de un administrador con la de un accionista".