Una sociedad radicada en un 'paraíso fiscal' está detrás de varios pagos a Filesa

Los fondos entregados a Filesa por la multinacional sueco-suiza Asea Brown Boveri (ABB) se deben a un acuerdo entre esta última y la sociedad Arbobyl, radicada en un paraíso fiscal y propietaria de las fábricas adquiridas después por ABB. Esta empresa factura 70.000 millones de pesetas al año en España (el 21,10 de su negocio mundial) y ha explicado la entrega de 112 millones a Filesa en 1990 como una obligación de un acuerdo anterior con Arboby1 para que le traspasara sus fábricas en España. En el correspondiente plan de saneamiento de esta, operación se utilizaron ayudas oficiales (de miles de millones de pesetas.

Xabier de Irala, de 46 años, consejero delegado de ABB en España, desveló el acuerdo entre ésta ultima y Arbobyl en su comparecencia del 2 de febrero pasado ante el juez Marino Barbero. Aseguró que su compañía nunca había mantenido contactos con Filesa, ni ésta última figura entre los consultores o asesores externos utilizados por ABB entre 1988 y 1991. ¿Por qué pagó, entonces? Sólo para cumplir un compromiso con Arboby1, anterior propietaria de sus fábricas en España, según la versión del citado directivo.La multinacional era consciente de que esos pagos eran fiscalmente dudosos. Cuando estalló el escándalo Filesa -hace casi dos años- la central de ABB en Zúrich dio instrucciones a su filial española para que no dedujera cantidad alguna por esos pagos a efectos del impuesto de sociedades. Así lo demuestra tina carta remitida a su filial en España, ABB Energía, que se reproduce en esta misma página. En ese documento se daban instrucciones para regularizar la situación fiscal.

Entre Mónaco y las Seychelles

Este periódico ha comprobado que la sociedad Arbobyl no figura registrada en España. "Operaba desde un paraíso fiscal-, informa uno de los ejecutivos que trabajaron algún tiempo para ella, quien cree que estaba radicada en las islas Seychelles, si bien sus directivos residían en el Principado de Mónaco. La información ha sido confirmada por un ex alto cargo del Ministerio de Industria.

Arbobyl era -y sigue siéndolo- una entidad de capital muy pequeño, constituida por un grupo de especialistas en el tratamiento de empresas en crisis. A lo largo de los años ochenta se hizo con las acciones del grupo Cenemesa, el más importante del sector de bienes de equipo eléctrico en España, cuando las multinacionales que lo habían mantenido -Westinghouse, General Electric- prácticamente habían abandonado el mercado español. Las fábricas, con más de 5.000 trabajadores, acumularon deudas de miles de millones de pesetas con Hacienda, el Gobierno vasco, la Seguridad Social y el Banco de Crédito Industrial.

Arboby1 trató de discutir un plan de reconversión con el Ministerio de Industria, que exigía un fuerte coste para el erario público. Pero ni Carlos Solchaga ni Luis Carlos Croissier, titulares sucesivos de dicho departamento, reconocieron a Arboby1 capacidad tecnológica ni inversora como para ser el interlocutor válido de un plan semejante.

Ante la negativa del Gobierno, Arbobyl cedió a ABB los derechos sobre sus empresas en España, y en pocos meses la Administración aprobó el plan de salvamento de las empresas de bienes de equipo eléctrico, con Claudio Aranzadi como ministro de Industria y Carlos Solchaga al frente de Economía y Hacienda.

Dicho plan fue ejecutado por medio de un convenio extrajudicial, por el cual los activos de las fábricas de Cenemesa, Cadernesa y Conelec -que integraban el grupo en cuestión- fueron traspasados a ABB, que asumió a su vez un pasivo de unos 5.000 millones de pesetas, entre otras obligaciones.

La Administración, por su parte, renunció a exigir miles de millones de pesetas adeudados por dichas empresas y encontró fondos para facilitar la baja de 1.700 de los 5.000 empleados de sus plantillas, después de llegar a un acuerdo con los sindicatos, que anteriormente se habían opuesto.

De este modo se salvó la. actividad de un grupo industrial que estaba en crisis. En coincidencia con la instrumentación de dicho plan, Filesa, la entidad presuntamente vinculada a la financiación del PSOE, recibió dinero en junio de 1990.

El interés del Ministerio de Industria por quitar a Ar15oby1 sus derechos sobre las fábricas de Cenemesa figura en el acta donde se trasncribe la comparecencia del consejero delegado de ABB, Xabier de Irala, ante el juez Marino Barbero. "Industria puso como condición para ABB que se acordara con los antiguos propietarios del grupo Cenemesa que no intervinieran y que no perturbaran para nada un proceso de negociación", se lee en dicho acta.

"Paguen 112 millones"

"Esas gestiones se llevaron en Suiza y, por lo que tiene entendido el declarante [Irala], en esas gestiones el grupo ABB adquirió unos compromisos para atender obligaciones y de esa forma poder permitir que Arboby1 no tuviera que venir a España a perturbar ese proceso", continúa el acta.

Los pagos a Filesa se realizaron por instrucciones de la. casa matriz a su filial española. Instrucciones que "eran una formalización de unos compromisos que había adquirido ABII con los antiguos propietarios de las empresas del grupo Cenernesa", aseguró Irala.

El abogado del Estado, Luis Gayo de Arenzana, preguntó si el Ministerio de Industria había estado relacionado con los pagos a Filesa. El directivo de ABIB respondió negativamente, aclarando que era un compromiso entre su compañía y unos propietarios privados. E insistió en que ABB Energía, la filial que dio la orden de pago, lo hizo por instrucciones recibidas desde la central en Zúrich.

"Preguntado si tiene ABB por costumbre pagar deudas u obligaciones sin reflejo contable, sin existencia de soporte alguno, siguiendo instrucciones que le dan desde Suiza, por importe de 112 millones de pesetas, [Irala] manifiesta que cree que este tipo de situaciones es una relación que existe entre los directores y Suiza. ( ... ) Preguntado si es posible o admisible que por teléfono se diga: 'Oye, paga 112 millones' sin más, manifiesta que en este caso concreto cree que sí", se lee en el acta mencionada.

Según su consejero delegado, la diferencia entre los 112 millones reconocidos por ABB y los 161,8 millones que figuran en el Tribunal Supremo se debe a que la multinacional niega que se abonaran las dos últimas facturas de Filesa, enviadas en octubre de 1990.