"Dies irae"

Italia sufre los efectos de un aluvión. El escándalo de la corrupción, que hace un año parecía concernir sólo a Milán y al Partido Socialista Italiano (PSI), ha implicado al resto del país y a la poderosa Democracia Cristiana, después a los liberales y a los insospechados republicanos, es decir, a la mayoría del Gobierno. Y está rozando, aunque en medida mucho menor, al Partido Democrático de la Izquierda (PDS). En el escándalo están implicados todos los partidos que han gobernado desde el centro y han tomado decisiones sobre importantes contratos estatales o en los ayuntamientos, que son los que asignan la mayor parte de las obras públicas. Se calcula que la cifra pagada en comisiones por los empresarios alcanza casi el billón de liras. Sólo se libran las Ligas y el MSI, y, en el extremo opuesto, Refundación Comunista. Las primeras y la última son formaciones nuevas y en expansión, y el MSI no ha tenido ni ministros ni alcaldes. La dimensión del daño es imponente, porque los que están acusados no son las personas, sino los partidos; ya no se trata de este o de ese partido, sino del "sistema de partidos" expresión que se refiere tanto a su modo de ser como, con cierta ambigüedad, a la estructura institucional entera.La única boya que parece flotar en la marejada es la reforma electoral. Se propone pasar del sistema proporcional al mayoritario no como método, sino como objetivo en sí mismo; el objetivo es la demolición de los partidos, la reducción de los poderes de las asambleas electivas (Parlamento, consejos regionales y consejos municipales) para reforzar los poderes ejecutivos. Pero con ellos también desaparecerá la idea de representación -una persona, un voto; cada voto, una fracción igual de elegido-, que era uno de los principios de la Constitución de 1948. La anunciada II República no se presenta ni como un regreso a las reglas constitucionales, contaminadas por el arraigo de los malos hábitos sociales, ni mucho menos como su realización plena y hasta ahora no materializada en el campo de los derechos sociales.

En esto radica la diferencia entre el escándalo italiano y los que están surgiendo por doquier en Europa. En los demás países, los escándalos desarticulan un Gobierno o un partido; en Italia desbaratan el sistema político en el que Gobierno y oposición se desarrollaron en la posguerra.

Este desmoronamiento (que la derecha llama "revolución") está marcado más por la rabia que por la esperanza. Es la rabia de un pueblo que se siente engañado y expoliado por los hombres que había elegido, y es tanto más vengativo cuanto que desde 1989 se le ha dicho que nunca podrá autogobernarse, que capitalismo y democracia son la misma cosa y que en ésta el mercado dirige necesariamente la economía, y ésta la política. Privado de la perspectiva de convertirse en clase dominante después de la crisis de los socialismos reales y de la rápida retirada del partido comunista y del sindicato CGIL, no le queda nada más que reclamar furiosamente el no ser gobernado por ladrones; que los nuevos elegidos sean expertos, honrados, sustituidos de la forma más automática posible cada cuatro o cinco años, para que no tengan tiempo de causar demasiados daños.

- Honrado es la palabra mágica que nos queda, una vez que se declara anulada toda diferencia entre la derecha y la izquierda. Además, la honradez no es un concepto político ni un concepto complicado, sino inmediato y sencillo; resurge en esa palabra la antigua desconfianza del súbdito hacia el soberano, con sus oscilaciones entre derecha (justicialisnio) e izquierda (populismo). Breves son las épocas en las que hemos sido ciudadanos: la época del antifascismo, cuando los italianos pudieron retomar y retener en sus manos la llave de su destino quitándosela a una clase dominante cómplice del fascismo y del nazismo, y la época que transcurre de 1945 a los años setenta, cuando se acentuó el enfrentamiento entre los defensores de diferentes proyectos políticos y sociales. Habría que escribir esta historia de la conciencia civil italiana para entender también las causas profundas del terremoto actual.

¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo se ha originado? A estas preguntas no han intentado responder ni los partidos acusados ni los pocos que no lo están: la discusión es áspera y simplista. Ningún poder se ha interrogado sobre las causas de la corrupción ni ha tratado de desarraigarla mediante cambios que no fueran de pura fachada. Sólo tienen voz las investigaciones de los magistrados. Como ya sucedió con el terrorismo de izquierdas, y todavía sucede con la Mafia, Italia parece ser incapaz de analizar los orígenes de sus heridas, y se limita a pedir a la Magistratura que aplique el castigo. Los jueces de la Fiscalía de Milán que han abierto la investigación, ampliada posteriormente, se han convertido para la gente en los salvadores de la patria, y están expuestos al riesgo del protagonismo y de los errores.

Peor aún, Gobierno y partidos proponen soluciones inoportunas y discutibles, que conmueven a la prensa y a la opinión pública. La financiación pública de los partidos fue votada en 1974 para hacer transparentes los presupuestos e impedir subvenciones ocultas, pero en este punto el fracaso ha sido clamoroso. Por consiguiente, se puede imaginar cómo ha sido recibido el decreto del Gobierno que vuelve a proponerla, aunque de forma diferente, para bloquear el referéndum revocatorio que debe celebrarse el 19 de abril. El presidente de la República, Oscar Luigi Scalfaro, se ha negado a firmar el decreto, impidiendo una especie de insurrección popular. Es más, el proyecto intenta, de forma desafortunada, reducir a delito civil, en vez de penal, la violación de la transparencia: se ha creído ver en él una provocadora petición de impunidad. El clima de tensión hace dificil incluso la solución de los problemas verdaderos:: ¿cómo acelerar los juicios contra los investigados por -corrupción y concusión sin atacar el principio constitucional que asegura la presunción del inocencia hasta una condena de tercer grado, que tarda, en general, por lo menos cinco años?

La propuesta de pacto por el que se eliminaría el juicio a cambio de una confesión completa, la restitución de una cantidad tres veces superior a la robada y la prohibición de ocupar cargos públicos implicaría la ampliación de esta fórmula a delitos de igual gravedad, como, por ejemplo, los atracos; si no, se violaría el principio de que la ley es igual para todos. No se puede tener una justicia sin reglas, ni reglas sin justicia; es la esencia de la democracia lo que está en causa.

E incluso la de nuestra específica formación política y social en la que se ha tejido esta maraña entre empresas y partidos. Italia es un país estructuralmente débil, con un desarrollo industrial tardío y localizado sobre todo en el Norte, y políticamente anómalo, con un gran partido católico interclasista, que está en el Gobierno ininterrumpidamente desde 1948, y, hasta 1989, con el mayor sindicato y el mayor partido comunista de toda Europa,

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