El ejemplo y la excepción

El Pacto de Solidaridad y su componente más importante, el Programa de Consolidación Federal, que cerraron el pasado fin de semana el Gobierno y la oposición alemana, pretende, como dijo el ministro de Hacienda, Theo Waigel, sentar unas bases sólidas para reemprender el crecimiento económico en lo que queda de década. Se trata de salir de la recesión mientras se hace frente a la cada vez más abultada factura de la unificación.

Pero estos dos componentes, más el elemento puramente político, lo hacen difícilmente extrapolable a otras economías.Cuando a última hora de la tarde del pasado sábado salió la fumata bianca de la cancillería de Bonn, sólo anunciaba el acuerdo de una parte del Pacto de Solidaridad. Mucho antes, los interlocutores sociales habían cerrado, de hecho, su pacto sin grandes alharacas. Las grandes centrales sindicales alemanas, haciendo honor a su tradición de colaboración constructiva -la que hizo posible el wirtschaftswunder, el milágro económico de los años sesenta-y dando marcha atrás sobre el modelo conflictivo que en 1992 les reportó importantes subidas salariales y las convirtió en el centro de las iras del Gobierno, han cerrado en los últimos meses convenios con una media de subida salarial del 3%, casi un punto por debajo de la inflación de 1992.

La patronal, por su parte, presentó al Gobierno su plan de inversiones en la ex RDA a través de sus grandes organizaciones. La Federación de la Industria Alemana (BDI) y la Federación de Cámaras de Comercio (DIVIT), entre otras, prometieron al canciller Helmut Kohl un aumento, en 1993, de las inversiones en la ex RDA hasta alcanzar la cifra total de 130.000 millones de marcos (unos 9,2 billones de pesetas); un incremento sustancial del número de puestos de trabajo destinados a formación profesional y el reforzamiento de la demanda de productos fabricados en el Este. La gran banca, por su parte, se comprometió a invertir 1.000 millones de marcos más de los previstos en el proceso de privatización de las industrias de la ex RDA, y las compañías aseguradoras destinaron otros 1.000 millones de marcos para la construcción de viviendas.

Puntos conflictivos

algunos puntos conflictivos, como el de los convenios en el sector del metal de la antigua Alemania comunista, que fueron firmados en 1991 y establecían una gradual subida de los salarios hasta igualarlos con los de Occidente en 1994. Esto suponía subidas del 25% que ahora la patronal, en muchos casos la Treuhand, el holding público que gestiona las grandes industrias de la ex RDA, no está dispuesta a aceptar.El otro elemento de este proyecto para sacar adelante la unificación era un Pacto Institucional, bautizado por el Gobierno como Programa Federal de Consolidación; un acuerdo entre las fuerzas políticas en tomo a un paquete de medidas destinado a reducir los déficit del sector público y ayudar a financiar la reconstrucción de la antigua Alemania comunista. El proyecto del Gobierno incluía un mayor endeudamiento del Estado para asumir el déficit presupuestario, cortes en el seguro de desempleo y otras reducciones en servicios sociales, y posponía la subida de los impuestos directos hasta 1995 -después de las elecciones generales- aunque preveía un aumento de los impuestos sobre la gasolina, los seguros y otros servicios.

La oposición socialdemócrata se opuso inmediatamente a la reducción de las prestaciones sociales y exigió una inmediata subida de los impuestos, especialmente dirigidos hacia las clases más pudientes. Durante meses y meses, la situación permaneció estancada y las posturas enfrentadas. Mientras tanto, la recesión económica se acentuaba y la sensación de parálisis política era ya evidente para la opinión pública.

Bajo esta presión, el acuerdo al que llegaron no podía ser otra cosa que un acuerdo político, lo que suponía aceptar una serie de medidas mucho menos ortodoxas de lo supuestamente correcto en el campo financiero. Así, entre las medidas fiscales, destaca la victoria de las tesis de Kofil, que consigue aplazar la introducción de una sobrecarga del 7,5% en el impuesto sobre la renta hasta 1995 y por una duración indeterminada, en contra del que se introdujo, por un año, en 1991. El SPD consigue introducir el componente social" que protege a las rentas más bajas.

En lo que no hay discusión es en las nuevas tasas sobre las gasolinas, el tabaco o las primas de los seguros. Otra cosa es la anunciada pegatina para el uso de las autopistas, un peaje camuflado que presagia la privatización de la red más antigua de Europa. El acuerdo incluye un aumento de las tasas sobre los fondos de inversión extranjeros y sobre la propiedad.

Por permitirle el aplazamiento de la subida de los impuestos, el SPD exigió al Gobiemo que renunciara a cualquier corte en las prestaciones sociales. Así pues, no se reduce el seguro de paro ni las ayudas sociales, y el ahorro se obtendrá controlando mejor el fraude, que según Waigel podría alcanzar los 9.000 millones de marcos. Se aplaza, igualmente, la revisión al alza de estas prestaciones hasta el año que viene.

Ayudas a la ex RDA

Las ayudas a la ex RDA forman otro de los grandes apartados. Desde los créditos para los programas de reconstrucción de viviendas, que son doblados hasta 60.000 millones de marcos, hasta los 2.000 millones que se invertirán en la creación de empleo, pasando por el aumento de los créditos para la Treuhand, que obtiene ahora un fondo especial para mantener en funcionamiento aquellas grandes empresas que no han podido ser vendidas y que siguen siendo deficitarias, pero que se consideran de importancia estructural.La ex RDA recibirá en 1995 unos 55.800 millones de marcos (51.000 del Gobierno federal y el resto de los lánder), pero esto tiene un precio que se refleja en el presupuesto. El déficit federal aumentará en 1995 de los previstos 56.000 millones de marcos, hasta 63.800 millones. El acuerdo no dice nada sobre 1993 y 1994, que tienen un déficit previsto de 51.000 millones. Se prevén recortes de los subsidios (carbón y agricultura) por valor de 9.000 millones de marcos) y se implanta una moratoria en el gasto público hasta 1994.

El otro gran apartado del acuerdo es la redefinIción del Finanzausgleich, el Fondo de Compensación Interterritorial por el que los länder más ricos financian a los más pobres. Ahí, de nuevo, es el SPD el que se sale con la suya. El reparto del pastel del IVA, del que se nutre el sistema federal alemán, varía a partir de 1995 en favor de los lánder, que recibirán el 44%, frente al actual 37%. Esto permitirá que el Fondo de la Unidad, que beneficia al Este y que aumenta este año en 3.700 millones de marcos, pueda subir en otros 9.000 millones en 1994, pagados por Bonn y los Estados occidentales.