Las autonomías doblarán en funcionarios al Estado central en tres años

El Senado celebra mañana, después de seis años, un nuevo debate sobre el estado de las autonomías, que coincide con la aprobación de la reforma de los estatutos de autonomía de las 10 comunidades autónomas denominadas de vía lenta -Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Asturias, Extremadura, Murcia, Baleares y Aragón-, que Res permite aumentar su poder con 33 nuevas competencias. En menos de tres años está previsto que el número de funcionarios de las comunidades autónomas duplique a los de la Administración central.

La reforma de los estatutos de las comunidades autónomas, que iguala prácticamente el poder de las 17 comunidades, se produce en el primer aniversario de la firma del pacto autonómico entre el Gobierno, PSOE y PP. Ha hecho falta un año para que el Parlamento apruebe la ley de transferencias que ha abierto todo el proceso que permitirá el traspaso a las comunidades autónomas de 200.000 funcionarios y 33 competencias por valor'de más de un billón de pesetas. Las más importantes de ellas son Educación y el Instituto de Servicios Sociales (Inserso).La materialización de los traspasos se iniciará en el mes de junio con un primer conjunto de transferencias que el Estado cederá a las comunidades autónomas. En ese primer grupo figuran competencias de Interior -juego, casinos, asociaciones, espectáculos públicos-, Trabajo -seguridad laboral-, Industria, asociaciones de derecho público y fundaciones.

El final del proceso supondrá un "cambio drástico en la estructura del Estado", según coinciden el ministro para las Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray, y el vicesecretario general del Partido Popular, Mariano Rajoy. Una muestra de ello es que: las autonomías duplicarán a la Administración central en número de funcionarios. De los casi 600.000 actuales, la Administración Central pasará a 400.000, y las autonomías lo aumentarán de los casi 600.000 de ahora a 800.000.

El proceso está garantizado por el pacto entre el PSOE y el PP, que gobiernan en las 10 comunidades autónomas de vía lenta. Las sombras iniciales que ha tenido el proceso -la confrontación entre el PP y PSOE por la propuesta de Manuel Fraga de Administración única y el intento del Gobierno de Aragón, integrado por el Par (Partido Aragonés) y PP, de promover una reforma de estatuto unilateral y más ambiciosa- han quedado resueltas por un nuevo pacto suscrito el 28 de enero por socialistas y populares. El PP revalidó el pacto autonómico con el PSOE. Desactivó el proceso de Aragón y situó la Administración única como una pretensión programática a largo plazo.

Socialistas y populares tratan de completar el pacto autonómico con una fórmula de cooperación entre las comunidades autónomas por medio de las conferencias sectoriales. Un decreto del 29 de enero, pactado entre el PSOE y PP, institucionalizaba las reuniones sectoriales, con la presencia de las 17 comunidades autónomas, propias de los estados federales. Pero la diferencia es clara. Las decisiones de estas conferencias no son vinculantes, en contraste con los estados federales.

Estados fedeíales

Las otras dos asignaturas pendientes del proceso para aproximar España a un Estado federal son el papel del Senado y la financiación de las autonomías. Ambos aspectos, junto con la cooperación entre las comunidades, se debatirán mañana en el Senado en el debate sobre el estado de las autonomías.

PSOE y PP coinciden en la necesidad de articular fórmulas, pero no están de acuerdo en el procedimiento. En el caso del Senado, el PP pretende la inmediata reforma de la Constitución para transformar el Senado en una Cámara de las autonomías. El PSOE trata, sin embargo, de abrir una etapa transitoria, de una o dos legislaturas, con la institucionalización de una comisión general de autonomías dentro del Senado.

Esta última propuesta la aprobará el Senado, previsible mente en el mes de mayo, con un acuerdo entre todos los par tidos, con la reserva, al menos momentánea, del PP. En cuan to a la financiación autonómica, el proceso estaba bloqueado ante el desacuerdo entre comunidades pobres y ricas sobre la cesión del Estado a las autonomías de un 15% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Pero el viernes, tanto el jefe de Gobierno, Felipe González, como el secretario general de los socialistas catalanes, Raimon Obiols, anuncia ron un próximo acuerdo en esta materia. Además de estos problemas concretos, los representantes del Gobierno, el PSOE y el PP no ocultan su preocupación por las dificultades de consolidar el Estado de las autonomías en España, que atribuyen al peso de los nacionalismos en Cataluña y País Vasco y a la proliferación de los regionalismos. De hecho, ningún partido de estas características ha suscrito el pacto autonómico, lo que no ha originado problemas inmediatos al gobernar en las comunidades afectadas por el pacto el PSOE y el PP.

Las dificultades radican a la hora de institucionalizar las conferencias sectoriales. Los partidos nacionalistas, y de manera creciente los regionalistas, quieren que las relaciones bilaterales con la Administración central prevalezcan frente a fórmulas multilaterales. Jordi Solé Tura, ministro de Cultura y uno de los padres de la Constitución, afirma que los estados federales que funcionan tienen dos o tres, partidos con implantación homogénea en todo el territorio, y ése no es el caso de España".