El Gobierno rechaza el cupo anual de 20.600 emigrantes y ordena reducirlo

El Gobierno rechazó ayer el plan de cupos para trabajadores inmigrantes de 1993 porque considera que la cifra de 20.600 inicialmente fijada por la Comisión Interministerial de Extranjería es superior a la aceptable por el mercado laboral. "En el Consejo de Ministros se ha llegado a la conclusión de reducir los cupos", declaró ayer la ministra Portavoz, Rosa Conde, que no reveló qué ministros son los que se opusieron al proyecto. Este había sido elaborado por Trabajo en colaboración con Justicia, Interior, Exteriores y Asuntos Sociales.

La Comisión de Subsecretarios dio su visto bueno el pasado miércoles al programa de contingentes de inmigrantes elaborado por el Ministerio de Trabajo. Por eso, en medios gubernamentales se daba prácticamente por hecho que el Consejo de Ministros lo aprobaría en su reunión de ayer. Sin embargo, no ocurrió lo que estaba previsto. Durante la habitual rueda de prensa posterior, la ministra Rosa Conde se limitó a responder que el asunto había quedado aplazado porque el Ejecutivo desea que se introduzcan ciertas matizaciones.

Población activa

La ministra Portavoz explicó que las citadas matizaciones se referían en concreto a la "reducción de los cupos", ante los últimos datos sobre población activa y el aumento en la tasa de desempleo. Aunque no facilitó más detalles, es fácil deducir que el Gobierno ha considerado excesivo el contingente inicial de 10.100 inmigrantes permanentes y 10.500 temporales.El proyecto que había preparado la comisión interministerial considera que el establecimiento de cupos anuales para los extranjeros que desean trabajar en España es una medida "esencial" de la política de inmigración. Según un documento del departamento ministerial dirigido por Luis Martínez Noval, el plan de cupos se basa en la estimación técnica de los puestos de trabajo que no son cubiertos por los españoles. Sin embargo, agrega que este programa "no pretende ni debe cubrir la totalidad de las ofertas de empleo insatisfechas" por los españoles.

El estudio hecho por Trabajo señala que "los flujos migratorios incontrolados resultan perjudiciales para todas las partes afectadas". Sólo "resultan beneficiosos, a corto plazo para aquellos empresarios que al disponer de mano de obra abundante y en situación de indefensión jurídica, pueden establecer a su antojo las condiciones contractuales", añade. Los "mecanismos" del Gobierno para controlar los movimientos migratorios hacia España tienen como objetivo dar "preferencia a la mano de obra nacional y la equiparación entre españoles e inmigrantes en sus condiciones de trabajo". Tales mecanismos son la exigencia de visado, controles fronterizos, establecimiento de cupos, inspección en las empresas y expulsión de los inmigrantes ilegales.

Empleos no deseados

En 1991, más de 46.000 puestos de trabajo quedaron vacantes porque ningún español quiso ocuparlos. Estas ofertas laborales no cubiertas no resultan atractivas ni para los españoles ni para los extranjeros cualificados, "por lo que previsiblemente pasan a ser desarrolladas por inmigrantes en situación irregular".El proceso de regularización de inmigrantes, finalizado en 1992, probó que más del 50% de los 108.000 que legalizaron su situación trabajan en el servicio doméstico, la construcción, la ganadería y la hostelería.

Según la Dirección General de Migraciones, los ciudadanos de países desarrollados vienen a España "a trabajar", mientras que los de África y Latinoamérica vienen "a buscar trabajo". Y agrega: "Estos flujos no pueden ser evitados por completo, por más que se extremen las medidas de control".

Trabajo cree que durante los próximos años continuará la presión migratoria de ciudadanos del norte de África, Latinoamérica y Asia que pretenden entrar en Europa a través de España.