El PP reconoce que hubo "errores" en la adjudicación de viviendas públicas

El gobierno municipal del PP reconoció ayer que se han producido "unos 30 errores" en el proceso de adjudicación de las 233 primeras viviendas de precio tasado (VPT) que promueve el Ayuntamiento. Los errores, "que no irregularidades", según los responsables de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), afectan a adjudicatarios que no han acreditado los requisitos solicitados. Además, otro de los funcionarios de la EMV agraciado con un piso público renunció ayer a la vivienda, aseguró Enrique Villoria, concejal de Obras y presidente de la empresa.

La EMV ha encargado a la asesoría jurídica de la empresa que solicite información complementaria a unas treinta personas agraciadas con una de las primeras viviendas de precio tasado. Villoria declaró ayer que en estos casos se tienen dudas sobre si los adjudicatarios cumplen los requisitos necesarios para acceder al piso: residir en Madrid desde hace dos años, no ser propietario de vivienda en la capital o en el área metropolitana y tener unos ingresos entre 4,5 y 7,6 veces del salario mínimo interprofesional.El Gobierno municipal del PP reconoce así una parte de las denuncias efectuadas por el grupo municipal socialista, que ha desencadenado una feroz batalla contra todo el proceso de adjudicación.

Villoria comentó que existen casos en que la documentación presentada es contradictoria. Por ejemplo, hay quien demuestra con un certificado del Registro de la Propiedad que no tiene vivienda propia cuando en la declaración de la renta desgrava por este concepto. "Se han encontrado situaciones dispares que hay que homologar", comentó Villoría.

Información privilegiada

Fernando López Ortún, director de la EMV, también apuntó otro fallo en el proceso. Los solicitantes de las viviendas no conocían los requisitos puntuables para poder acceder al sorteo de las viviendas.Los solicitantes, además de acreditar las tres condiciones iniciales, debían reunir 30 puntos en conceptos tales como número de miembros de la unidad familiar, minusvalía, edad, vivir o trabajar en el distrito de la vivienda solicitada o solvencia económica para pagar el piso.

Estos conceptos puntuables no figuraban en la publicidad que la EMV realizó de las cinco promociones en juego. "Quizá habría que haber hecho públicos los baremos que se iban a emplear", comentó ayer López Ortún.

Gracias a estas puntuaciones, denunció el PSOE, dos funcionarios de la EMV y la hija del director de personal de la empresa pudieron entrar en el concurso. Los tres acreditaron solvencia económica para sumar los puntos necesarios, algo que muy pocos solicitantes pudieron hacer ante la falta de información. "Los funcionarios pudieron tener acceso a información privilegiada", explica el grupo socialista.

Los dos funcionarios ya han renunciado a la vivienda. Primero lo hizo la secretaria de Lopez Ortún, casada con un diputado regional del PP, y ayer el arquitecto Javier Villasante, según confirmó Enrique Villoria. "En cualquier caso, yo no le voy a prohibir a ningún funcionario que se presente a los concursos municipales de vivenda, porque ése es un derecho constitucional".

El presidente de la EMV también comentó que esta experiencia ha demostrado que es necesario "perfeccionar la normativa con respecto a la documentación que hay que presentar". El grupo municipal socialista denunció en su momento que gran parte de los futuros adjudicatarios entregaron la documentación incorrecta.