Andorra se homologa a Europa

El próximo domingo, 14 de marzo, 9.323 andorranos se pronunciarán en referéndum sobre la primera Constitución de la historia del Principado pirenaico. Han sido necesarios dos años de duras negociaciones a tres bandas -andorranos, franceses y los representantes del obispo de La Seu d'Urgell- para pactar la Carta Magna que convertirá a este pequeño Estado feudal de 478 kilómetros cuadrados en un país homologable a la Europa democrática. Pese al cierto temor que el texto despierta en una población que no sabe lo que es pagar impuestos, celosa de su privilegio restringido de ciudadanía y que ha podido pasar hasta hoy sin reconocer los partidos ni los sindicatos, ninguna asociación política va a pedir el voto negativo.

La Constitución define el país como un "coprincipado parlamentario", afirma el principio de: soberanía popular y establece: una clara separación entre el poder legislativo, el ejecutivo y el. judicial. Asimismo, reconoce los, derechos y libertades según la, Declaración Universal de los Derechos Humanos y legitima. constitucionalmente a los copríncipes -el obispo de La Seu. d'Urgell y el presidente de la República Francesa-.Hasta ahora, Andorra se regía por normas derivadas de los pareatges, acta fundacional del, Principado, firmada en 1278 por Roger Bemat III, conde de Foix. (Francia), y Pere d'Urg, obispo, de Urgell. El proceso constitucional empezó en 1989 después de que los reformistas ganaran. las elecciones. Las recomendaciones del Consejo de Europa de 1990, que aconsejaban a los andorranos que se dotaran de una, Constitución, sirvieron de detonante para que el Parlamento decidiese redactar la ley fundamental.

Las estadísticas recientes sitúan el número de andorranos en. 13.000. La población del Principado se acerca a las 62.000 personas, en su mayoría españoles (unos 30.000), además de portugueses (9.000) y franceses (3.500) principalmente, que aportan la. mayor parte de los empleados; que precisa este gran supermercado llamado Andorra.

Aunque el referéndum afecta. sólo a poco más del 20% de la, población, la mayoría de los residentes contemplan con simpatía, el cambio. Con todo, la Constitución no es excesivamente generosa con los residentes. Por ejemplo, la creación de partidos políticos y sindicatos es competencia, exclusiva de los andorranos. Respecto a la nacionalidad andorrana, la Constitución dice que la adquisición o el mantenimiento de una nacionalidad diferente de la andorrana "implicará la pérdida de ésta en los términos y plazos fijados por la ley". Frente a esta disposición se han alzado voces que la consideran inconstitucional ya que el mismo texto impide la retroactividad de las leyes. Un número considerable de personas que han adquirido la ciudadanía por matrimonio han conservado su nacionalidad de origen y no quieren renunciar a ella.

Pero hasta ahora, ningún partido -aún no reconocidos, pero sí tolerados- se ha atrevido a hacer campana para propugnar el voto negativo en el referéridum. Sólo tres disidentes de Iniciativa Democrática Nacional (IDN) han manifestado su intención de pedir el voto negativo por las insuficiencias de la Constitución. Las candidaturas derrotadas en las últimas elecciones, de corte más conservador, se han limitado a criticar algunos artículos y a dar libertad de voto.

En el ámbito de los tratados internacionales -un elemento que estuvo a punto de causar la ruptura de la negociación a causa de la postura radical del copríncipe español, que pretendía el derecho de veto-, se llegó a un acuerdo por el que se asocia a los copríncipes a determinados tratados. Únicamente podrán participar en aquellos acuerdos que Andorra establezca con España y Francia y que afectan acuestiones de seguridad interior y defensa, tratados relativos al territorio y también los que incumban a representación diplomática, cooperación judicial o penitenciaria. En dichos acuerdos será necesaria la unanimidad de los negociadores andorranos y de los copríncipes, lo cual significa el derecho de veto de los coprincípes.

La justicia verá también modificada profundamente su estructura. Hasta ahora, los jueces dependían de los copríncipes, que se alternaban en el nombramiento de los magistrados. Con la Constitución, se crea una organización judicial única e independiente bajo la potestad del Consejo Superior de la Justicia. Del mismo modo se crea el Tribunal Constitucional, compuesto por cuatro miembros, dos designados por el Parlamento y dos más por los copríncipes.

Las atribuciones del Gobierno se verán sensiblemente aumentadas. Por ejemplo, se crearán ministerios del Interior y de Exteriores. El Gobierno tiene la intención de nombrar embajadores en París, Madrid y Bruselas, mientras que en los otros países podrá delegar su representación a Francia o España.

Es un hecho palpable que un cambio tan profundo infunde respeto entre los andorranos. Son más de 700 años caminando cogidos de la mano de los copríncipes, a los que se solía echar la culpa de casi todo. En los coloquios celebrados en las diferentes parróquies se ha puesto de manifiesto el temor que existe a asumir la responsabilidad de su propio destino. Por el momento, la consigna para convencer a los reticentes puede resumirse así: "Primero vota sí. La Constitución, siempre se puede reformar".