La reforma legal en el Parlamento gallego causa fuerte malestar en la dirección del Partido Popular

VICTORINO RUIZ DE AZÚA / XOSÉ HERMIDA La dirección del Partido Popular (PP) recibió ayer con malestar y contrariedad el debate celebrado en el Parlamento de Galicia sobre la reforma del reglamento. Fuentes del partido reconocieron que las imágenes de toda la oposición soliviantada contra la Xunta de Manuel Fraga "hacen mucho daño". El secretario general, Francisco Álvarez Cascos, realizó gestiones para tratar de buscar una salida, y la organización gallega del partido manifestó por la tarde su disposición a negociar con la oposición y buscar el consenso.

La celebración del debate y su contenido "resulta de lo más inoportuno", según admiten en privado miembros de la dirección del PP, sobre todo cuando esta formación, alegando que no se cuenta con sus criterios, se mantiene al margen del consenso para modificar los reglamentos del Congreso y el Senado.La pretensión de Fraga de sacar adelante su propia reforma, gracias a la mayoría absoluta y sin contar con un solo grupo de oposición, "es un contraste demasiado fuerte" para la cúpula popular, sometida ayer a un intenso fuego graneado de críticas y ataques, sobre todo del PSOE e IU. Portavoces de ambos partidos coincidieron en destacar la diferencia "entre lo que el PP defiende desde la opósición y lo que hace allí donde ha llegado al Gobierno".

El escándalo en la Cámara gallega cogió por sorpresa a los populares en Madrid, que trataron de reaccionar sobre la marcha. Según declaró el portavoz en el Congreso, Rodrigo Rato, la reforma del reglamento fue decidida en 1991, cuando el PP se encontraba en la oposición. Rato subrayó que la reforma no fue aprobada ayer, sino que se inició su tramitación.

"Queda todo el debate parlamentario en ponencia, comisión y pleno, y será posible negociar enmiendas y buscar el consenso", señaló. Para Rato, la reforma tiene por objeto impedir la situación anómala de que algunos debates los cierre la oposición y conseguir que el Gobierno tenga la última palabra, como en el Congreso. El portavoz del PP agregó que la reforma no niega la posibilidad de réplica a los grupos de oposición, sino que dependerá del criterio de la presidencia, según estime que la intervención. del Ejecutivo en el debate es técnica o fija posiciones políticas.

Fuentes del PP, no obstante, admitieron por la tarde que la redacción que se pretende introducir en el reglamento es "desafortunada" y da a entender lo contrario.

El artículo 75 del proyecto de nuevo reglamento del PP dice: "Los miembros de la Xunta de Galicia podrán hablar siempre que lo soliciten a lo largo de los debates para matizar o esclarecer hechos, o fijar la postura del Gobierno. En todo caso, sus intervenciones no reabrirán debate". La preocupación de la dirección nacional del PP llevó al secretario general, Francisco Álvarez Cascos, a intentar conseguir del grupo gallego un gesto para suavizar la situación, según fuentes del partido. El PP gallego reaccionó a la avalancha de críticas y anunció ayer que está dispuesto a admitir enmiendas "razonables" de la oposición.

La dirección de los populares gallegos señaló en un comunicado que también aceptaría "aclarar la redacción" del polémico artículo 75. Según el PP gallego, la oposición "ha destacado como caricatura" el contenido de este artículo. Los populares aseguran que el "espíritu" de la norma es evitar que puedan reabrirse debates incluso cuando un miembro del Gobierno interviene únicamente para aclarar un dato concreto.

Por la mañana, Fraga defendió en El Escorial (Madrid), donde pronunció una conferencia, la reforma tal y como la presentó el PP. El presidente de la Xunta se refirió a los incidentes del miércoles para insistir en que es necesario ordenar mejor los debates. "Cualquiera que presenciase el bochornoso espectáculo, con el señor Beiras [portavoz del Bloque Nacionalista Galego] golpeando su zapato, tendría que darse cuenta de que hace falta mejorar ese reglamento para defender la dignidad del Parlamento", dijo.

Por su parte, el secretario general de los socialistas gallegos, Antolín Sánchez Presedo, pidió al PP que retire el proyecto y acusó a Fraga de "retrotraernos a la época de la dictadura". El portavoz del BNG, Xosé Manuel Beiras, llamó "fascista" a Fraga y dijo que el presidente de la Xunta pretende "convertir la Cámara gallega en una cámara de gas".