Los anteriores gestores de KIO no han sido exculpados aún, dice Moreiras

El juez Miguel Moreiras afirmó ayer en Barcelona que continúa abierto el juicio contra los anteriores gestores de KIO en España por la vía civil, a través del juzgado que instruye la suspensión de pagos, por lo que "todavía no se ha exculpado de responsabilidades a nadie".El magistrado añadió que si se demuestra que la suspensión de pagos ha sido fraudulenta "la pena suele ser superior a si se tipifica un delito de estafa con agravante". El juez de la Audiencia Nacional justificó su rechazo de la querella de KIO contra Javier de la Rosa por el hecho de que "no denunciaba hechos concretos".

Sobre la causa abierta contra el Banco del Santander, por las cesiones de créditos, Moreiras reiteró que "se trata de operaciones con simulaciones de contratos con el ánimo de defraudar a Hacienda".

En esta línea, el juez de la Audiencia señaló que a su juicio las entidades que han ofrecido instrumentos para defraudar tenían ánimo de lucro ilícito, a diferencia del contribuyente que buscaba proteger su patrimonio.

Oficina de Londres

Moreiras añadió que todas las operaciones realizadas por el grupo kuwaití en España estaban dirigidas desde su oficina en Londres, si bien, precisó, que "ello no exime de responsabilidades a los gestores españoles, porque si se sabe que una operación está mal hecha, tendrían que haberla rechazado".En su opinión, el caso KIO es

un asunto de Estado porque su entrada en España fue aplaudida por todos los partidos políticos ya que en aquel momento se necesitaba capital extranjero".

El juez de la Audiencia Nacional dijo que el "tremendo problema de KIO fue su descapitalización a partir de la invasión de Kuwait por Irak, porque el emir kuwaití no quiso que el grupo cayera en manos iraquíes y se dedicó a vender sus mejores activos quedando reducido a empresas en ruinas".

Respecto a la petición del fiscal general del Estado, Eligio Hernández, de que admitiera a trámite la querella, Moreiras dijo que fue un intento de demostrar que el Gobierno no tenía responsabilidades en el caso tras las acusaciones realizadas en este sentido por la oposición.

Por otra parte, Moreiras, que pronunció una conferencia sobre las competencias de la Audiencia Nacional en materia penal sobre delitos económicos afirmó "aunque en el nuevo código penal se ha suprimido la figura del delito fiscal para regularla mediante otra ley especial, la intención del Gobierno es volver a incluirla".

Precisó que seguirá seguramente con idéntica redacción a la que tiene ahora y que "posiblemente se amplíe de cinco a 10 millones la cuota a partir de la cual se considere delito fiscal".

Tras descartar la dificultad de establecer una cuota rígida que determine la existencia del delito, indicó que la Administración de Hacienda en otros países es más eficaz que en España.