Rock contra la cárcel

En Sant Vicenç dels Horts, población del entorno metropolitano de Barcelona, sonó el silbado el rock, de la solidaridad. Era un rock contra la cárcel en la que ha sido ingresado casi por sorpresa Julio Godoy, de 33 años y vecino de la localidad. Era un concierto organizado por toda la población, con el Ayuntamiento a la cabeza, para intentar vencer la perplejidad que produce ver que un vecino ingresa en prisión por un delito de hurto sin violencia -30.000 pesetas y una máquina de fotografiar, todo devuelto a su propietario- cometido hace ocho anos.A Godoy -casado, padre de una hija y con trabajo habitual- le llamaron hace unos días para que se pasara por el cuartel de la Guardia Civil a firmar unos papeles. Y fue. No volvió a casa: le esperaba una orden de prisión que se ejecutó de inmediato. Desde el pasado 13 de febrero está en la cárcel Modelo de Barcelona. Antes apenas tuvo tiempo de llamara Ana, su mujer. "Cuando me llamó desde el cuartelillo para decirme que estaba detenido, me desmayé", explica Ana.

La empresa donde trabaja, Iberoamericana de Cataluña, enclavada en Sant Vicenç y dedicada al cartonaje, ha entregado a la familia de Julio Godoy un escrito en el que le garantiza su puesto de trabajo en cuanto salga de prisión. El Ayuntamiento ha emitido un informe favorable de la policía municipal. Ambos escritos acompañarán ahora a las peticiones de indulto. Las asociaciones de vecinos de la localidad han iniciado una recogida de firmas, y grupos locales de rock organizaron el pasado sábado un recital para reclamar su libertad y para evitar que la lentitud de la justicia no provoque que un hombre integrado en la vida de la colectividad salga de la cárcel convertido en un delincuente.

Godoy fue detenido y se le decretó prisión preventiva en junio de 1985 por un robo en Tarragona. Un mes más tarde quedó en libertad provisional tras pagar una fianza de 25.000 pesetas. Pasó un ano y medio hasta que un juzgado de Tarragona, en noviembre de 1986, lo condenó a una pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que ratificó la condena en octubre de 1992, seis años más tarde.

El cansino procedimiento de la justicia prosiguió con la puesta en marcha por la Audiencia de Tarragona de una orden para la ejecución de la condena.

Así se llegó, al cabo de ocho años, al cumplimiento de una pena para una persona que, en palabras de su abogada, "cometió un fallo en su vida".

El alcalde de Sant Vicenç, Ricard Pérez, está ayudando a la esposa del detenido, Ana, a gestionar la petición de indulto. Y los vecinos de Sant Vicenç se preguntan si el Gobierno tardará tanto en decidirse a concederlo como ha tardado la justicia en pronunciarse.