Diputado busca tribunal que le juzgue

El diputado autonómico valenciano Pedro Zamora, de Esquerra Unida (EU), no encuentra un tribunal que quiera juzgarle. El fiscal acusa a Zamora de inducir a un objetor valenciano, Francesc Rico, a la insumisión, pero jueces y magistrados se quitan de encima las diligencias amparándose en interpretaciones distintas de la legislación. El asunto se halla pendiente desde hace cuatro años. En ese periodo, las diligencias han recorrido las dependencias judiciales de varias capitales y tres tribunales se han declarado incompetentes para proceder al enjuiciamiento.

Un juzgado de Zamora fue el primero en iniciar las diligencias que inculpan a Pedro:) Zamora. Francesc Rico debía presentarse en 1989 en esa ciudad castellana para realizar la Prestación Social Sustitutoriaen un hogar de la tercera edad, pero decidió no presentarse y optó por la insumisión. En diciembre de aquel año, el diputado de Esquerda Unida Pedro Zamora, el dirigente nacionalista valenciano Ernest García, el sindicalista de CC OO Joan Sifre y el dirigente de Los Verdes Joan Beses firmaron un manifiesto en el que se autoinculpaban junto a Francesc Rico.Casi un año después, el juez zamorano preguntó a los cuatro dirigentes políticos y sindicales de la izquierda valenciana si mantenían su autoinculpación. Los cuatro se ratificaron ante el juez valenciano que les citó por encargo del magistrado zamorano. El fiscal amplió entonces su acusación y les incluyó como inculpados en la causa.

De acuerdo con la ley, los diputados de Castilla y León deben ser juzgados por el Tribunal Superior de esa comunidad autónoma. El problema se producía precisamente porque Pedro Zamora era diputado autonómico, pero de la Cornunidad Valenciana. El juez se inhibió del asunto y lo remitió al Tribunal Supremo, a quien consideró competente.

Discrepancias en Valencia

El Supremo, por su parte, interpretó que el presunto delito de inducción a la insumisión se había cometido en Valencia, ciudad en la que se firmó el manifiesto, y no en Zamora, por lo que el órgano judicial competente era el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Este tribunal, en cambio, ve las cosas de forma muy diferente.En opinión de los magistrados valencianos, la inducción no puede ser desligada de la propia comisión del delito, que se produjo en Zamora. Así las cosas, al máximo tribunal valenciano le "parece oportuno" que el Tribunal Supremo "exprese las razones que tiene para creer" que el caso debe juzgarse en Valencia. El fiscal de Valencia se limitó a calificar el asunto de "espinoso problema".

Al también parlamentario Ricardo Peralta -éste diputado de Esquerda Unida. en el Congreso-, le "parece procedente" que sea el Supremo quien juzgue el asunto. Por ello, el alto tribunal decidirá ahora, definitivamente, quién juzga al diputado. El caso puede indicar una cierta resistencia judicial a encarcelar a jóvenes insumisos y, más aún, a diputados y personajes públicos que les apoyan.

Otros objetores valenc¡anos han visto cómo las diligencias penales que les inculpaban han quedado archivadas provisionalmente con la explicación judicial de que el Supremo no ha resuelto aún los recursos contencioso-administrativos que presentaron por considerarse discriminados por razón de sexo.

En otros casos, la disparidad de condenas dictadas, siempre a la baja respecto a lo reclamado por el fiscal, abunda en la tesis de la resistencia antes citada. Un tercio de los casos juzgados acaba con la exculpación de los insumisos.

Inercia judicial

El diputado valenciano mantiene que el origen del problema está en que el juez de Zamora malinterpretó una campaña de solidaridad con los insumisos valencianos y ahora la maquinaria judicial se mueve por inercia, sin que nada la pueda parar.Pedro Zamora, mientras tanto, continúa su trabajo parlamentario en las Cortes valencianas, aunque sobre él pese todavía una acusación de delito. Más suerte han tenido otros diputados autonómicos valencianos, como Albert Taberner, también de Esquerra Unida, o Pere Mayor, quien fue parlamentario por Unitat del Poble Valenciá. Ellos sólo acudieron como testigos al juicio del insumiso Miguel Llorens, a pesar de haberse autoinculpado con él en 1989. Taberner y Mayor no consiguieron evitar, en cambio, que Llorens fuera condenado a dos años, cuatro meses y un día de prisión. El joven cumple actualmente esta condena en la cárcel de Picassent, a pocos kilómetros de la capital valenciana.

Pedro Zamora, un veterano político que fue secretario general del Partido Comunista del País Valenciano (PCPV), afirma que el Ejecutivo no acaba de "tomarse en serio" la objeción de conciencia y que ha contagiado, con su actitud, al poder judicial.