La Asamblea de Murcia lleva a Collado al tribunal por presunta prevaricación
La Comisión de Economía de la Asamblea Regional de Murcia decidió ayer enviar al Tribunal Superior de Justicia toda la documentación que ha recabado sobre la compra de terrenos de la finca Casa Grande, al haber observado indicios de prevaricación y malversación de caudales públicos. Como principal implicado aparece el presidente de la Comunidad de Murcia, el socialista Carlos Collado.
La comisión, además, insta a que se emprendan acciones judiciales contra la empresa Ferrovial, para que devuelva 1.566 millones de pesetas, cantidad que se considera que se pagó por encima de su valor de mercado y que originó un enriquecimiento injusto. El Partido Popular presentó el pasado miércoles una moción. de censura contra Collado.La ponencia de economía de la asamblea regional lleva dos semanas analizando un dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de la Comunidad de Murcia en 1989. Ayer, después de conocer la declaración del director general de Patrimonio y del anterior director del Instituto de Fomento, decidió elevar- sus primeras conclusiones. En éstas, que fueron aprobadas, por unanimidad, se decidió enviar la documentación recabada hasta el momento al Tribunal Superior de Justicia (le Murcia (TSJM) por haber observado indicios de los citados delitos.
La comisión, que acompañará su dictamen con una copia literal de todas las comparecencias, entiende que no se instruyó como era preceptivo un expediente administrativo para la adquisición de los terrenos que se iban a ceder a la empresa General Electric; que no hay causa que justifique el pago de 2.034 millones de pesetas por unas propiedades cuyo valor teórico era de 500 rnillones y que del pago final no se descontaron 32 millones de pesetas adelantados como opción de compra.
El perjuicio económico causado a la Hacienda pública, agrega la comisión, se estima en 1.566 millones de pesetas. Por ello, además de remitir el caso al TSJM se insta al Consejo de Gobierno para que los servicios jurídicos de la comunidad autónoma reclamen judicialmente a la empresa Ferrovial (la vendedora de los terrenos) la cantidad de 1.566 millones de pesetas. Este dinero lo considera la comisión "enriquecimiento injusto".
Esta iniciativa se produjo 24 horas después de que el Grupo Popular decidiera presentar una moción de censura contra Collado. Portavoces del PSOE de Murcia afirmaron ayer que su grupo parlamentario no iba a apoyar la moción de censura, ni se iba a presentar otra alternativa, para lo que hay de plazo hasta hoy. Veintidós de los 24 diputados del Grupo Socialista suscribieron una carta en la que expresaban su malestar con el Gobierno regional.
La comisión de economía, pese a este primer informe, no ha terminado sus trabajos. La ponencia ha citado hoy a comparecer a dos directivos de Ferrovial, y la semana que viene proseguirá abordando otros aspectos criticados en el informe del Tribunal de Cuentas.
Querella de IU
La iniciativa de la comisión de economía de la asamblea regional acelera un proceso judicial que ya está en marcha desde hace seis meses.Se trata de una querella presentada por Izquierda Unida en la que se le imputan a Carlos Collado los mismos delitos, y que está actualmente en fase de instrucción en un juzgado de Murcia. Si el juez no archivara el caso por encontrar indicios penales, tendría que remitir el sumario al TSJ, al estar acusado una persona aforada, el presidente del Gobierno murciano.
