El Tribunal de Cuentas 'suspende' a Leguina

El Tribunal de Cuentas -máximo órgano de control de las finanzas públicas- ha calificado con un suspenso la contabilidad de la Comunidad. En su informe sobre el último- presupuesto físcalizado, el de 1989, se reflejan "graves defectos en la información" del Instituto de la Vivienda de Madrid y del Consorcio de Transportes. El PP denunció ayer la "torpeza contable" del Gobierno de Joaquín Leguina al hacer públicos estos datos.

El informe del tribunal destaca -después de reflejar que las cuentas han sido rendidas con un retraso superior a los dos meses"- que todas sus conclusiones sobre las Finanzas de la Comunidad están condicionadas por "salvedades, excepciones e infracciones de las normas presupuestarias y contables".El diputado regional del Partido Popular Antonio Beteta acusó ayer a la Comunidad de "ponerse la legislación por montera, con continuas tergiversaciones". - Por ejemplo, en 1989, la Hacienda regional se endeudó 18.500 millones de pesetas por encima del máximo autorizado.

Para el Tribunal de Cuentas, las modificaciones presupuestarias -operaciones para ajustar ingresos y gastos a lo largo del año- se han convertido en un "piélago de confusiones" en la Administración autonómica. El PP critica sistemáticamente la proliferación de organismos autónomos regionales -con contabilidad aparte- para escapar al control parlamentario.

Al acabar 1989, en los libros de contabilidad de la Comunidad había 475 millones en anticipos de caja "pendientes de reembolso" y otros 311 millones que coleaban del año anterior Según avanzó Beteta, si. el Gobierno regional no justifica estos pagos en el Parlamento, su partido promoverá un juicio de cuentas -procedimiento de fiscalización ante el tribunal- que puede desembocar en responsabilidades administrativas, con exigencia de indemnizaciones, o judiciales tras una denuncia al fiscal.

Una batería de recomendaciones a la Comunidad cierra el dictamen del Tribunal de Cuentas. La Administración autonómica tiene que implantar el Plan General de Contabilidad Pública en sus ordenadores y vigilar de cerca sus riesgos por los avales que concede. El tribunal reclama también más control en las finanzas del Ivima, del Consorcio Regional de Transportes y de la imprenta de la Comunidad.

En opinión del PP, la Comunidad de Madrid está "en el pelotón de los torpes", porque sólo consiguió gastar en 1989 una de cada tres pesetas para nueva inversión.

El consejero de Hacienda, Ramón Espinar, presentó 30 fólios de alegaciones para rebatir punto por punto el informe inicial del Tribunal de Cuentas, con el que la Comunidad "mantiene diferencias de citerío". Sin embargo, en uno de las alegaciones, el tesorero de la Comunidad reconoce que "no dispone de medios" para obligar a la devolución de los anticipos de caja.

Espinar afirmó ayer que muchas de las objeciones planteadas a los presupuestos de 1989 no tendrían sentido en los vigentes presupuestos. El consejero aseguró que en ningún caso los anticipos de caja significa que no estén justificados: "Los recibos estaban en el cajón del organismo que recibió el dinero". Espinar, que comparecerá en la Asamblea para explicar el informe del tribunal, criticó al PP por hacer una "utilización política de datos técnicos".