Los parlamentarios socialistas murcianos desautorizan al presidente autonómico

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional de Murcia ha dado un nuevo paso en el enfrentamiento que mantiene con el presidente de esta comunidad autónoma, el también socialista Carlos Collado, al que consideran responsable del deterioro de la gobernabilidad en Murcia. Veintidós de los 24 diputados socialistas autonómicos han remitido un escrito a la ejecutiva regional del PSOE en el que expresan que han perdido la confianza en Collado.

De los 24 integrantes del Grupo Parlamentario Socialista, sólo dos (el propio Carlos Collado y el consejero de Cultura Esteban Egea) se abstuvieron de firmar el pasado viernes un escrito dirigido a la ejecutiva regional del PSOE. En este escrito se expresa la preocupación por el deterioro de la gobernabilidad de la región.Este texto, según el portavoz de la ejecutiva y diputado regional, Silvino Jiménez, no significa una reprobación del presidente Collado. Pero otro miembro de esa ejecutiva, Jorge Novella, declaró ayer al diario La Verdad que el texto se puede interpretar como que Carlos Collado ha perdido la confianza de la práctica totalidad del grupo parlamentario.

El antecedente de este escrito es un dictamen del Tribunal de Cuentas en el que se recogen anomalías en la contabilidad de la comunidad autónoma durante 1989.

El aspecto más polémico de ese informe se refiere a la compra de unos terrenos que la comunidad cedió posteriormente, de forma gratuita, a la multinacional General Electric, dentro de las ayudas para instalar un gran complejo fabril de plásticos en Cartagena. El Tribunal de Cuentas apreció que por la compra de la finca Casa Grande, propiedad de Agrovial, empresa filial de Ferrovial y titular de los citados terrenos, se pagaron 1.500 millones de pesetas de más.

El dictamen del Tribunal de Cuentas fue estudiado por la secretaría de Relaciones Institucionales de la ejecutiva federal del PSOE, que consideró "normal" que el valor (500 millones de pesetas) de las acciones compradas de Agrovial no correspondiera con los precios de mercado que se pagaron: 2.034.400.000 pesetas.

La polémica sobre los terrenos de Casa Grande viene de 1989. El PP denunció el caso ante la fiscalía de la Audiencia de Murcia, pero ésta decidió archivar el caso. Izquierda Unida, posteriormente, presentó una querella, que se está instruyendo actualmente, en la que acusa al Gobierno de Carlos Collado de los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y cohecho. El juez ha aceptado que se persone Collado, aunque ha rechazado que el presidente murciano sea llamado de nuevo a declarar.

Comisión parlamentaria

El tema Casa Grande es también el objetivo central de los trabajos de la comisión parlamentaria regional de Economía, que ha conocido el dictamen del Tribunal de Cuentas y que lo está estudiando, para lo que ha tomado declaraciones a varios cargos actuales y anteriores del Gobierno. El propio Collado compareció en febrero de 1992 ante el pleno de la Asamblea Regional para explicar la actuación de la comunidad autónoma en este asunto, actuación que calificó de acertada. El grupo socialista, que dispone de mayoría absoluta, se negó entonces a crear una comisión parlamentaria de investigación como reclamaron los grupos de la oposición al entender, según su portavoz, que todo estaba claro.El enfrentamiento entre el grupo parlamentario y el Gobierno autonóico amenaza con abrir otra crisis institucional en Murcia. En 1984 el socialista Andrés Hernández Ros dimitió como presidente de la comunidad autónoma después de un escándalo por un presunto caso de soborno a dos periodistas.