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El estado de la nación

No sé quién andará gobernando en España ahora, pero quien quiera que fuera debería irse cuanto antes. Esta es la primera conclusión que sugiero después de haber celebrado durante los últimos 12 meses innumerables debates abiertos en universidades, sedes de cajas de ahorro provinciales, locales de asociaciones de vecinos y clubes de opinión.La ruptura del diálogo con los jóvenes, las mujeres, los profesionales, las gentes del mundo del conocimiento, los sindicatos y los ancianos ha dejado en las manos de un exiguo grupo de varones de entre 40 y 50 años la participación en los mecanismos de decisión. Al enfrentamiento histórico dé unas clases sociales contra otras ha sucedido la protesta de todos contra el Gobierno.

He intentado conectar de nuevo con el subconsciente de los españoles: ¿qué piensan realmente?, ¿qué esperan?, ¿qué les agobia?, ¿qué detestan por encima de todo?, ¿que quieren en medio de la vorágine de cambios con que se les amenaza o ilusiona, según el caso, pero que nunca llegan?

Casi nada del caudaloso río de la información oficial, elaborada con cargo al presupuesto del Estado, me ha servido. Algunas voces de sociólogos aislados, como Amando de Miguel y Enrique Gil Calvo; de científicos, como Alfredo Tiemblo y Federico García Moliner, o de reflexiones viajeras captadas al viento, me han ayudado.

Para los españoles, el puesto de trabajo es la principal fuente de irritación y desencanto. Tienen el sentimiento de que el trabajo está peor repartido que la riqueza, torpemente organizado, ineficazmente gerenciado y mal pagado. Son conscientes, por añadidura, de que siempre fue por cuenta ajena en el sentido literal de la palabra. De que no va con ellos.

En el ámbito de la organización del trabajo se ha producido ya el tránsito del modelo de la revolución industrial, basado en el control de costes y la especialización, al modelo actual, basado en la capacidad de innovar. En el esquema heredado de la revolución industrial, las tareas complejas se desmenuzaban en sus componentes más sencillos para poder utilizar mano de obra no cualificada y, por tanto, barata. Un solo producto con largas series de producción para un solo mercado simbolizaba el esquema productivo. La especialización tayloriana, los bajos salarios, la monotonía, la hegemonía de los procesos y presupuestos con relación a la capacidad creativa de las personas eran la norma.

La diversificación de productos suscitada por el desarrollo tecnológico puso patas arriba el esquema anterior. Las deseconomías de escala generadas por la. diversidad hubo que neutralizarlas con la automatización, cambios radicales en la organización del trabajo, el recurso a la lógica. y los conocimientos. La sustitución de la moral burocrática por la innovación, la formación permanente en lugar de la especialización, horarios flexibles, el recurso a la experiencia y creatividad del capital humano deberían ser ahora la norma.

En España, al contrario de otros países europeos, la incapacidad de la Universidad para transferir el conocimiento al sistema productivo, la degradación de la formación profesional, el carácter acientífico de la cultura heredada, el amiguismo y el peso de la ideología frente a la lógica, se han conjurado para frenar la irrupción de la nueva organización del trabajo, que exigía el desarrollo de las fuerzas productivas.

El contenido fuertemente especulativo de la economía estos últimos años ha desincentivado todavía más el desarrollo de los activos humanos. En lugar de abordar las complejas reformas organizativas, gerenciales y de formación, en las que se sustentan los beneficios a largo plazo, se ha preferido manipular los activos patrimoniales para generar plusvalías a corto plazo. De ahí el profundo sentimiento de insatisfacción laboral.

La gente, aunque a los políticos les cueste creerlo, da mucha importancia a los sentimientos. La segunda componente del estado de la nación es la convicción profunda de que la política no se ha ocupado de los sentimientos. Los discursos grandilocuentes, las promesas de incidir sobre fenómenos que, en gran parte, escapan al voluntarismo de los Gobiernos, contrastan con la miseria infligida a la vida cotidiana de los ciudadanos a raíz de las omisiones de los Gobiernos en ámbitos muy concretos, cuyo impacto negativo se hubiera podido evitar. Todos saben que por mucho que digan los ministros de turno, la convergencia con Europa depende, primordialmente, de la fase que atraviese el ciclo de la economía mundial. Todos intuyen, en cambio, que la reforma a tiempo del Código Penal -perfectamente accesible a la acción del Gobierno- hubiera podido evitar crímenes espantosos que han conmovido los sentimientos de todos los españoles.

La misma actitud es responsable de que a la sociedad española le sorprendiera la sequía. Algo así como si una nevada desconcertara a los lapones. O que la contaminación en la capital de España estuviera a punto de asfixiar a dos millones de madrileños. A quien no habría sorprendido en absoluto es a los funcionarios de Bruselas, acostumbrados a evaluar la desidia ecológica que las autoridades justifican alegando que, gracias al atraso industrial relativo y al considerable peso demográfico, hay países peores, si se miden por el rasero de las emisiones o residuos por habitante.

Los españoles están convencidos, en definitiva, de que la política persigue objetivos ideológicos y estériles, cuyo logro obedece a factores ajenos mientras se olvida la opción concreta de humanizar la vida cotidiana y proteger los sentimientos. Al igual que ocurre con el puesto de trabajo, tampoco la política va con ellos.

El continuo peregrinar de los jerarcas de la Administración al teatro Alfil, situado en pleno centro de Madrid, no basta para amortiguar el choque frontal entre los ademanes oficiales y el profundo cambio cultural experimentado por los españoles. Es la tercera componente del nuevo estado de la nación.

A medida que ha mejorado el nivel de vida han irrumpido con fuerza creciente exigencias más expresivas que instrumentales, como la participación directa de los ciudadanos en los mecanismos de decisión, reafirmación de identidades nacionales y locales, protección del paisaje y medio ambiente, calidad de vida en las grandes concentraciones urbanas o el ejercicio de derechos cívicos como la salvaguardia de la propia intimidad, o el acceso a una información veraz y transparente. Se trata de una lista de reivindicaciones a cual más postergada, cuando no machacada, por la cultura oficial.

Es el estallido de las nuevas demandas posmateriales, que afectan por Igual a todo el colectivo social y que chocan,

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frontalmente, con el discurso partidista y monotemático del establishment.

Por último, los españoles se saben gobernados -mal o bien, según el cristal con que lo miren-, pero no se sienten representados. La memoria histórica permanece, y en la programación mental sigue indeleble la división entre los, que mandan y los que obedecen, los de arriba y los de abajo, los que envían a la mili y los que la hacen.

La fusión paulatina de las funciones de gobierno y representación en una misma clase política ha dejado a la sociedad indefensa frente a los abusos del poder. Tan absurdo parece delegar, en quien gobierna, la defensa de los derechos políticos del ciudadano frente al Estado, como asignar al casero la defensa de los derechos del inquilino. A esta disfunción, característica de todos los países europeos, se añade en España la ausencia de mecanismos institucionales que garanticen el control real de los abusos de poder, y una ley electoral que sólo otorga la opción de refrendar una vez cada cuatro años la lista de candidatos al Congreso designados por la propia clase política.

Cambiar la faz del trabajo cotidiano, humanizar la política regresándola al ámbito de lo común, asumir las exigencias de orden expresivo y global de la nueva cultura y devolver al ciudadano su poder de decisión, son propuestas que no corresponden a las ponencias en los congresos de los partidos políticos ni, muy probablemente, a los programas de gobierno en la próxima campaña electoral. Pero son componentes fundamentales del subconsciente colectivo de los españoles en estos momentos y un aviso claro de cuál es el estado de la nación.

Eduardo Punset es eurodiputado y presidente de FORO.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0019, 19 de febrero de 1993.

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