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Tribuna:PROYECTO DE LEY DE PLANTILLAS PARA LAS FUERZAS ARMADAS

Los nuevos ejércitos

GUSTAVO SUÁREZ PERTIERRA

El Gobierno acaba de aprobar un proyecto de ley de plantillas para las Fuerzas Armadas. Es una norma jurídica que fija las dimensiones de los ejércitos en dos de sus parámetros fundamentales: los cuadros de mando y los soldados profesionales. Pero también es algo más: cuando obtenga su aprobación por las cámaras habrá quedado definido el modelo de Fuerzas Armadas del año 2000. Con ello se cierra un compromiso asumido por los socialistas frente a los ciudadanos.

Llegar a este diseño no ha sido fácil. Es muy cierto que los procesos de adaptación de efectivos comienzan en 1984; no lo es menos, sin embargo, que la viveza de los acontecimientos internacionales de los últimos años ha obligado a un continuo ejercicio de adaptación del planeamiento militar.Del año 1984 data el primer Plan Estratégico Conjunto (PEC). En aquel momento, la tarea primordial y de más hondo calado era la definición de una política de paz, seguridad y distensión que permitiera la plena incorporación de España al mundo exterior después de un largo periodo de aislamiento. Ello, a su vez, traía como consecuencia la adaptación de la política de defensa a las necesidades y posibilidades reales de la nación y al papel que deberíamos asumir en el concierto internacional.

Se abre así uno de los más importantes procesos de modernización de las Fuerzas Armadas que, ligado al esfuerzo de vertebración de los ejércitos bajo la dirección política del Gobierno, acaba ofreciendo el marco sustancial de la política militar española.

Pues bien, el objetivo de fuerza conjunto definido en el PEC de 1984, a obtener en una década, se situó en unos 315.000 efectivos totales, de los cuales algo más de 58.000 correspondían a los cuadros de mando y 257.000 a los soldados y marineros. El punto de referencia, es decir, la dimensión global de los ejércitos de entonces alcanzaba 373.000 componentes, con 66.500 oficiales y suboficiales.

Producto de esta definición, se aprobaron en los años siguientes tres leyes de plantillas, una por cada ejército, que pretendieron la adaptación de los cuadros de mando con un porcentaje de reducción del 15% en el Ejército de Tierra y un 8% en la Armada y en el Ejército del Aire, Los instrumentos de amortización dispuestos en estas normas, así como una rigurosa aplicación de los ingresos anuales, permitieron la obtención dé los porcentajes requeridos en el plazo de cinco años de vigencia de las plantillas.

Número de soldados

Por lo que se refiere al número de soldados, las dimensiones previstas ya se alcanzan en 1989, señaladamente por la reducción del tiempo de servicio que determina la primera Ley del Servicio Militar, coetánea, precisamente, al PEC.

Así pues, los resultados proyectados para 1994 se adelantan a finales de 1990. No en vano se habían producido hitos tan importantes para nuestra política de seguridad como el decálogo del presidente del Gobierno o el referéndum OTAN.

Para entonces, el escenario internacional ya entraba en un cambio vertiginoso. La unificación alemana, la búsqueda por parte de la Alianza Atlántica de un nuevo papel tras la evidente obsolescencia de la política de bloques clásica, la firma por los miembros de la Alianza y del Pacto de Varsovia del Tratado FACE para la reducción de fuerzas convencionales en Europa ' son acontecimientos que se combinan con la inestabilidad interna de la Unión Soviética y con el traslado de la tensión al Mediterráneo y Oriente Próximo. Por otra parte, cobra fuerza por primera vez la idea de una defensa propiamente europea, que toma cuerpo con la revitalización de la UEO y su incardinación como instrumento militar de, la unión política.

A un nuevo concepto de seguridad basado en estos datos debe responder un cambio en la naturaleza de los ejércitos. El Ejército tradicional de grandes dimensiones deja definitivamente paso a unas Fuerzas Armadas de mayor eficacia operativa y, por ello, altamente tecnificadas, flexibles y capaces de movilizarse con rapidez.

En este contexto se produce la reflexión política más importante del Parlamento español en materia de defensa y seguridad. Comprometida por el presidente del Gobierno en el debate de su investidura, se refleja en el acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados sobre el modelo de Fuerzas Armadas, de 27 de junio de 199 1. Este documento, respaldado por abrumadora mayoría, analiza la evolución del escenario internacional y el nuevo concepto estratégico, junto con las previsiones demográficas y económicas de España. Contando con todo ello, diseña los parámetros conforme a los cuales se deben conformar los ejércitos españoles del final de la década: unas Fuerzas Armadas con un volumen de 170.000-190.000 efectivos, de composición mixta, y profesional izadas en torno el 50%.

Consecuencia inmediata de este acuerdo son dos textos que le sirven de aplicación: la nueva Ley del Servicio Militar y la Directiva de Defensa Nacional, de marzo del pasado año.

Si el primero es importante porque desarrolla el modelo mixto en cuanto a su componente de recluta universal, no lo es menos el segundo, porque en él se definen las directrices de la política militar sobre volumen y composición de los ejércitos, adaptación de su estructura y despliegue, que se concretan en la Directiva de Defensa Militar, de diciembre de 1992.

Pues bien, para enfrentar desde la perspectiva de unos nuevos ejércitos una década clave para la definición de nuestra política de seguridad aparece ahora una Ley de Plantillas que completa todo este diseño.

Cuadros de mando

En cumplimiento del mandato parlamentario, el volumen global máximo de las Fuerzas Armadas españolas queda fijado en 180.000 efectivos, que es la cifra intermedia de la horquilla fijada en el mencionado acuerdo. De ellos, los cuadros de mando alcanzarán el número de 49.728, con lo que se obtiene una tasa de encuadramiento (es decir, la proporción de cuadros de mando sobre el total de efectivos) del 28%, que ya es semejante a la de los países de nuestro entorno.

La implantación de estas cifras exigirá unas reducciones con respecto de las plantillas vigentes de un 16% en el Ejército de Tierra, un 10% en la Armada y en el Ejército del Aire y un 14% en los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas. En total, será necesario reducir en cinco años un volumen de casi 8.000 oficiales y suboficiales de los ejércitos.

Pero la implantación del modelo mixto exige una intensa profesionalización. De ahí que el proyecto de ley prevea, por primera vez en una norma de esta clase, la incorporación de 5.000 soldados y marineros profesionales, lo que supone más que duplicar los efectivos de tropa profesional existente hoy.

La razón es clara. Unas Fuerzas Armadas de la naturaleza que se ha definido requieren la profesionalización de determinadas funciones más técnicas o que precisan procesos de formación más prolongados. Por otra parte, la necesidad de cumplimiento de determinadas misiones, entre las que ocupan un lugar destacado la participación en operaciones de paz, como es el caso de la antigua Yugoslavia y otras, exige disponer de una fuerza de acción rápida muy profesionalizada, de un apoyo especializado en el Ejército del Aire y de unas dotaciones en la flota con un grado elevado de profesionalidad.

Según el diseño establecido por el proyecto de ley, por consiguiente, las Fuerzas Armadas españolas dispondrán de unos 100.000 profesionales entre oficiales, suboficiales y soldados, de tal modo que a comienzos de la próxima década un 55,4% de sus miembros serán profesionales. Con ello resulta cumplido con creces el mandato parlamentario.

Para completar los 180.000 efectivos del nuevo modelo se requirirá una cifra de 80.000 militares de reemplazo, que resulta perfectamente posible, de acuerdo con las previsiones demográficas, con un servicio militar de nueve meses.

El cuadro resultante es el de unos ejércitos cuyo peso específico en el conjunto de las Fuerzas Armadas es de 115.000 efectivos en el Ejército de Tierra, 32.000 en la Armada y 28.000 en el Ejército del Aire, con unas tasas de profesionalización, respectivamente, del 46,25%, 67,54% y 72,72%, que resultan realistas y parangonables con las de nuestro entorno.

Aún habrá que hacer más. Un proceso de dimensionamiento como éste exige reformas estructurales y, sin duda, afectará al despliegue. Por eso, la Directiva de Defensa Militar dispone que los ejércitos habrán de adaptar su organización a las nuevas exigencias del planeamiento. Con las propuestas que los jefes de Estado Mayor deben de elevar al ministro de Defensa antes de la próxima primavera quedará cerrado el modelo para el año 2000.

Es notorio el esfuerzo que a este empeño, probablemente uno de los más intensos en la modernización de las estructuras del Estado, ha habido que dedicar. Por eso es importante que la sociedad española reconozca el espíritu de sacrificio y disciplina con que las Fuerzas Armadas lo han afrontado. Dos datos pueden ser más explícitos que todas las palabras: las dimensiones previstas en el proyecto de ley representan, con respecto de las cifras existentes en 1984, una reducción superior al 25% de los cuadros de mando y del 52% del volumen total de los ejércitos.

es secretario de Estado para la Administración Militar.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 11 de febrero de 1993