Justicia y partidos

Como asiduo lector de su periódico y también como magistrado-juez ejerciente en Madrid, estoy siguiendo con verdadera inquietud la información del llamado caso Filesa, y en especial las últimas manifestaciones del presidente del Gobierno (EL PAÍS, sábado 23 de enero de 1993), en las que acusa al instructor de "alargar innecesariamente" el proceso y "provocar" con ello la "erosión" del PSOE. Ante el silencio de instituciones que debieran preservar la independencia judicial, creo que es mi deber expresar mi opinión, en la convicción de que es ampliamente compartida.Con independencia, de los avatares procesales que conlleva una investigación de este tipo, lo que no cabe desconocer es que dicha investigación se enmarca dentro de la función que la Constitución atribuye a los jueces y lo que no se puede decir, si se respetan las instituciones democráticas, es que la actividad del instructor, reiteradamente respaldada por el Tribunal Supremo, erosiona los intereses de un grupo político porque eso es tanto como situar los intereses de ese grupo, cualquiera que sea, por encima de la justicia, valor superior que, junto a la libertad, la igualdad y el pluralismo político, se consagran en el artículo 1.1 de la Constitución. Frente a este tipo de acusaciones hay que salir al paso recordando que la justicia no es patrimonio privativo de los jueces, sino que, muy por el contrario, emana del pueblo y, en nombre del Rey, es administrada por aquéllos, sometidos únicamente al imperio de la ley. Es comprensible que el PSOE esté preocupado por el caso Filesa, pero no es tolerable que, desde el Gobierno de la nación, se intente presionar a un juez para que concluya rápidamente una investigación, sea por razones electoralistas o sea por las razones que sean.

La justicia ha de estar por encima de los intereses de los partidos políticos, aunque sólo sea porque grupos políticos hay varios mientras que justicia sólo hay una.-