Moreiras rechaza la querella de KIO contra De la Rosa al no encontrar delitos tipificados

El juez de Delitos Monetarios, Miguel Moreiras, decidió ayer no admitir a trámite la querella presentada por KIO contra Javier de la Rosa y otros seis de sus anteriores administradores en España por considerar que los hechos denunciados no constituyen delito en el actual Código Penal o que los quereñantes no han aportado prueba indiciaria alguna de los delitos que atribuyen a De la Rosa y su equipo. El juez, no obstante, mantiene que la tramitación de la suspensión de pagos del Grupo Torras, que sigue el Juzgado de Primera Instancia número 20 de Madrid, puede aportar pruebas de delito si considera que la sociedad se encuentra en quiebra fraudulenta. Si es así, el caso volvería a la Audiencia Nacional.

La no admisión a trámite de la querella, supone un duro golpe para los nuevos gestores de KIO, ya que las diligencias penales abiertas por el juez Moreiras quedan en suspenso y sólo si el juez José María Pereda Laredo -titular del Juzgado número 20- aprecia indicios de delito en la conducta del equipo de De la Rosa remitiría a la Audiencia Nacional el correspondiente testimonio para la depuración de responsabilidades. En el caso de que el juez Pereda declare quiebra fraudulenta o insolvencia, Moreiras se declara competente para conocer los hechos.La decisión de Moreiras también choca con la postura mantenida por el fiscal general del Estado, Eligio Hernández, quien el pasado viernes aconsejó al fiscal encargado del caso que emitiese un informe favorable para que se admitiese la querella en contra de la opinión de la junta de fiscales de la Audiencia Nacional. Según el Estatuto del Ministerio Fiscal, las instrucciones del superior jerárquico son de obligado cumplimiento.

El juez Moreiras, al igual que los fiscales de la Audiencia, considera que las operaciones denunciadas en las que supuestamente De la Rosa y su equipo se enriquecieron con más de 120.000 millones de pesetas en perjuicio de las sociedades que administraban, pudieran calificarse de administración fraudulenta o desleal, "pero ese hecho no constituye delito ya que todavía no se ha incluido en el Código Penal". El propio Moreiras destaca, en el auto sobre la querella, que se ha propuesto la inclusión de esos delitos en el nuevo texto legal que está actualmente en tramitación. Pero, aunque fuera aprobado, las leyes penales no pueden aplicarse con carácter retroactivo, por lo que no afectaría a este caso.

Quebranto económico

El magistrado admite que el quebranto econónomico denunciado por los querellantes es de tal intensidad que ha llevado a la sociedad a la suspensión de pagos. "Nos hallamos", dice Moreiras, "ante una situación de insolvencia de una entidad, con grave perjuicio patrimonial para multitud de afectados que, si como afirma la querellante, ha sido consecuencia de la administración fraudulenta de los querellados, éstos habrían cometido los delitos, o alguno de ellos, acabados de mencionar". Moreiras se refiere a alzamiento de bienes en perjuicio de acreedores, quebrados o insolventes fraudulentos, previstos y penados en los artículos 519, 520, 521 y siguientes del Código Penal.

No obstante, el juez precisa que la declaración de insolvencia fraudulenta en el proceso civil es "un requisito de procedibilidad que impide la tramitación y persecución en la vía penal de esas conductas". Si se cumpliera esa condición, los supuestos de administración desleal, como haber ocultado en el balance dinero o créditos, haber aplicado a negocios propios fondos o efectos ajenos que les estuvieran encomendados, haber ocultado ventas de bienes a los propietarios, etc., no quedarían exentos de responsabilidad penal.

Respecto a la compra de un avión Falcon por De la Rosa, el juez señala que el juzgado ya abrió diligencias por ese hecho en 1992, pero que el caso fue archivado, y la decisión no fue recurrida en su día. Sobre el presunto delito fiscal que se imputa al financiero catalán, el magistrado precisa que el simple enunciado de un delito no basta para iniciar un procedimiento penal, y los querellantes no aportan prueba alguna.

Por último, el juez considera que la posibilidad de que 1.400 personas pierdan su puesto de trabajo refuerza su tesis de que es preferente el juicio ejecutivo universal sobre el proceso penal.

Mientras tanto, siguen los problemas de viabilidad de las empresas del grupo. Ayer, Torraspapel anunció que necesita de forma inmediata 4.000 millones de pesetas y que la plantilla debe ajustarse en un 30% del total (1.350 puestos de trabajo sobre un total de 4.700), informa Europa Press. En Cartagena continúan los encierros de trabajadores por el cierre de las dos plantas que FESA-Enfersa, filial del grupo, tiene en dicha ciudad.

La Mesa del Congreso acordó, por unanimidad, admitir a trámite las 70 solicitudes de informe que ha formulado, sobre las operaciones del grupo KIO, el diputado del PP, Alvarez Cascos, informa

Rafael Ribó, presidente de Iniciativa per Catalunya (IC) manifestó ayer que las alabanzas de Jordi Pujol lanzó sobre Javier de la Rosa "pueden convertirse en una bomba de relojería situada sobre la mesa de Pujol".