El Plan Hidrológico Nacional no podrá ser aprobado durante la actual legislatura
El Plan Hidrológico Nacional no podrá ser aprobado en esta legislatura -ésta era la tesis del PSOE frente a la del Gobierno-, dados los plazos que re quiere su tramitación parlamentaria, según Vicente Albero, secretario de Estado para las Políticas de Aguas y Medio Ambiente. El anteproyecto fue estudiado ayer por el Consejo de Ministros, y en breve será enviado al Consejo Nacional del Agua. Dispone de siete anexos y va acompañado de una memoria sobre la demanda de agua, los recursos disponibles y su distribución en los próximos 20 años.
La llamada Constitución del agua, como califican algunos expertos el Plan Hidrológico Nacional, no podrá ser aprobada en la actual legislatura, dados los plazos que require la tramitación de una ley. Desde ahora hasta octubre "no es fácil que se haga", ha reconocido Vicente Albero.El Consejo de Ministros recibió ayer el anteproyecto -lo estudiará durante 30 días que luego será enviado a los miembros del Consejo Nacional del Agua, quienes deberán informarlo antes de que vuelva a ser remitido al Gobierno para su aprobación y posterior remisión a las Cortes, donde será debatido y aprobado.El plan será el marco legal de referencia para el uso y reparto del agua en España durante los próximos 20 años. Cualquier nueva presa o los trasvases de agua que se proyecten en el futuro deberán estar contemplados en su texto para que legalmente puedan ejecutarse.
La coincidencia de que se haya presentado durante unas fechas de fuerte sequía, con restricciones de agua en varias ciudades, ha desatado una guerra dialéctica alimentada por las previsiones que proyecta sobre futuros trasvases. A la negativa del Gobierno regionalista de Aragón para ceder agua del Ebro mientras no se atiendan las exigencias contenidas en el Pacto del Agua se ha sumado Navarra. Juan Cruz Alli, presidente del Ejecutivo autónomo, insinuaba ayer que el debate "ha sido promovido por el Gobierno socialista para ganarse simpatías en aquellas comunidades como Andalucía, escasas en agua, que piden este elemento a otras como las del valle del Ebro, donde casualmente los Gobiernos autónomos no son socialistas". "En lo que se refiere a nuestra cuenca", dijo, "los aparentemente insolidarios vamos a ser todos: Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla y León, País Vasco y Cantabria, comunidades que basta con verlas para saber quién puede ganar y quién puede perder. Si vemos adónde pueden ir los beneficios, tendremos quizá una perversa interpretación de este falso debate". Por su parte, el PNV de Navarra advirtió ayer sobre la posibilidad de que se desate en la comunidad "una revuelta popular contra los trasvases".
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado "la politización demagógica del problema del agua", y pide que se ponga fin "a su uso como arma electoralista, ya que perjudica los legítimos intereses del sector agrario", usuario del 80% de los recursos hidráulicos del país. La Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla y León denuncia el trato preferencial a algunas autonomías. Dice que el Gobierno central debe a esta región 112.000 millones en compensaciones, de la anterior sequía y "ahora pretende quitamos sin más el agua".
Contaminación
Polémicas al margen, el plan trata de llevar agua desde la llamada España húmeda a la más dinámica y seca, localizada en el arco mediterráneo. En el diseño de esta malla de vasos comunicantes destaca el papel del Tajo, convertido de donante en comunicante: el 100% del agua que ceda al Guadalquivir y al Segura le será repuesto del Duero.Pero el plan no es sólo eso: establece los límites máximos de las zonas regables -600.000 nuevas hectáreas en 20 años y garantiza la consolidación de los actuales regadíos; define los tramos de ríos, embalses (el 40% padece eutrofia) y acuíferos dañados (51 de los 444 existentes) por la contaminación que requieren una actuación inmediata para recuperarlos; enumera los acuíferos sobreexplotados (75), los humedales (1.544 en 123.160 hectáreas) y glaciales (en 1894 ocupaban 1.800 hectáreas y hoy tan sólo 568) que precisan protección, y define 25 programas para prevenir posibles inundaciones y para saneamiento de cauces.
No aparece en el documento la lista de nuevos embalses. De los casi 300 que las confederaciones plantean sólamente se consideran necesarios 160.
