Golpes a la democracia

LAS 19 condenas a muerte dictadas ayer por un tribunal militar argelino contra otros tantos acusados de participar en una conjura fundamentalista, junto con el anuncio de la próxima implantación de la censura previa y el encarcelamiento de seis periodistas del rotativo independiente local El Watan por haber informado prematuramente del asesinato de cinco gendarmes a manos de un comando fundamentalista, constituyen los últimos acontecimientos del primer año de gobierno del Alto Comité de Estado que dirige ese país. Son noticias que necesariamente condicionan el balance de estos 12 meses de gobierno provisional de esa plataforma constituida por civiles y militares para llenar el vacío dejado, primero, por la dimisión del presidente de la República, Chadli Benyedid, y más tarde, por el asesinato de su sucesor, Budiaf, crimen aún rodeado de misterio.La toma del poder por el Alto Comité de Estado no fue nada democrática y su objetivo esencial fue suspender la segunda vuelta de las elecciones ya convocadas para evitar la victoria de los fundamentalistas del FIS. Sin embargo, en las condiciones actuales, existe la voluntad por parte de varios Gobiernos occidentales de prestar un apoyo a dicho Alto Comité con la esperanza de que lleve a cabo su propósito de reconducir en Argelia un proceso democrático. En ese marco, el resultado del proceso de Bechar y las decisiones sobre la prensa parecen indicar un deslizamiento de Argelia por la pendiente del autoritarismo: el régimen de partido único del antiguo Frente de Liberación Nacional habría sido sustituido por otra dictadura.

Ello supondría la negación de los objetivos establecidos por el Alto Comité de Estado cuando se hizo cargo del poder para colmar el vacío producido, anunciando su intención de reanudar el proceso de democratización y limitando su mandato a un periodo de dos años: el plazo que consideraba necesario para enderezar la situación económica y social en que había germinado el integrismo islámico.

Nadie discute el derecho de las autoridades argelinas a establecer sus propias leyes para combatir el terrorismo nacido del radicalismo religioso. Pero las condenas a muerte y la censura de prensa son actitudes incompatibles con los esfuerzos de varias democracias occidentales, y en concreto España, por dar apoyo al actual curso político argelino. El ministro español de Asuntos Exteriores, Javier Solana, manifestó que Argelia marchaba por el buen camino. En el mismo sentido habló más recientemente un portavoz del Elíseo al asegurar, en vísperas del viaje a Argel de Roland Dumas, que París era solidario con los delicados momentos políticos por los que pasa la ex colonia.

Lo que preocupa del actual proceso argelino es la desaparición paulatina o el acoso de los últimos resortes democráticos del país, los únicos capaces de tutelar las decisiones gubernamentales y las operaciones policiales encaminadas a desactivar la guerrilla integrista. En esta desactivación, y gracias a los poderes excepcionales de que goza el Gobierno, Argelia corre el riesgo de desactivar también los últimos resquicios de la democracia, la prensa entre ellos.