Paga y recurre

Paga y recurre, reza un viejo aforismo jurídico que ilustra la posición de la Administración frente al ciudadano. Desde el pasado día 1, los conductores madrileños tienen que pagar por adelantado 15.700 pesetas por la tasa de arrastre si quieren recuperar los vehículos retirados por la grúa. Algunas asociaciones de defensa del automovilista ya han puesto el grito en el cielo ante la coacción municipal. Pero en el Ayuntamiento creen que el pago obligatorio servirá, sobre todo, como medida pedagógica contra el caos en el tráfico.

"¿Esto es legal?, ¿qué ley lo dice?, ¿por qué no habían avisado?"'. En la caja de la Empresa Mixta de Tráfico (Emitra) -concesionaria del servicio de la grúa municipal- de la calle de Alfonso XIII, una conductora interrogaba, con poco exito, a los administrativos. Para poder sacar el vehículo a la calle hay que exhibir el justificante de pagó ante los agentes de la Policía Municipal."Es una tomadura de pelo; espero que alguien lo recurra y gane", auguraba Ana, que tuvo que añadir a la comida de ayer una propina de 16.985 pesetas. Poco antes de las tres de la tarde había aparcado su coche en el centro de una calle -"había unos 30 por lo menos", argumenta- cerca del estadio Santiago Bernabéu, antes de ir a almorzar con tres amigas. Dos horas más tarde, el coche ya no estaba en su lugar.

Un discreto cartel reproduce, sobre la cabeza de los cajeros, el artículo 71 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, que prescribe que los gastos de traslado de los vehículos retirados de la calle corren por cuenta de sus propietarios. Como en los mejores establecimientos, hay pegatinas de la tarjeta de Caja madrid y de la Tarjeta 6000 de las Cajas de Ahorro Confederadas, admitidas desde el día 1 como medios de pago. Hasta esa fecha, si no se liquidaba en el acto la tasa de arrastre, los conductores disponían de un plazo de 20 días para el pago.

"Dudosa legalidad"

El Comisariado Europeo del Automóvil (CEA), entidad privada de seguros y defensa jurídica de los conductores, considera que la obligatoriedad del pago de la tasa de arrastre es de "dudosa legalidad", ya que "se salta las normas de gestión de los tributos locales". Un asesor Jurídico del CEA subraya que el tributo se liquida y se cobra en un mismo acto, sin informar antes al ciudadano de los posibles medios de impugnación.La Ley de Seguridad Vial autoriza, no obstante, a repercutir los gastos del traslado del vehículo a las personas que han causado el accidente que lo inmovilizó o a los autores de su robo y posterior abandono. Mientras tanto, todo corre por cuenta del propietario.Para el Comisariado Europeo del Automóvil -que ha comenzado a distribuir entre sus asociados un modelo de recurso contra el pago de la tasa-, la Ley de Seguridad Vial se refiere a gastos; pero no a tasas, que deben recaudarse con arreglo a la Ley General Tributaria. Por esa razón, el CEA aconseja reclamar ante el Ayuntamiento "la devolución de un ingreso indebido". Los servicios jurídicos de esta entidad también apuntan que, la nueva normativa supone "una forma de coacción rnunicipal".

Mario, de 17 años, acudió ayer al depósito de Alfonso XIII para recuperar su Vespino. Embutido en una cazadora de cuero claveteada de, insignias observaba con asombro la carta de pago. "Me han soplado 4.200 pesetas por el transporte", se lamentaba, "pero la retiraron porque me habían robado los papeles de la moto".

"A la fuerza tiene que ser inconstitucional", aseguraba Margarita, de 24 años, cuando abandonaba la ventanilla de pago con una liquidación ' de 16.790 pesetas. "Lo dejamos por la noche ante un pub de la calle de Juan Vigón [Chamberí], pero no lo conseguimos mover porque había otros coches en doble fila; esta mañana [por ayer] se lo han llevado".

El conce al de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Fernando López Amor, asegura que "el principio de legalidad se está cumpliendo; la ordenanza que autoriza el cobro de la tasa fue aprobada por el pleno después de ser sometida a información pública". Sin embargo, López Amor señala que los ciudadanos siempre tienen la posibilidad de someter la aplicación de la tasa municipal al control de los tribunales. "Quien no esté de acuerdo, que vaya al juez ", aconseja.

"Podríamos haber aplicado la medida hace un año, pero preferimos esperar a ver cómo se gestionaba en otros, municipios", explica López Amor, a quien en las pasadas navidades la grúa le retiró su vehículo en Chiclana (Cádiz): "Y tuve que pagar la tasa para sacarlo".

En su opinión, la liquidación obligatoria de la tasa tendrá un efecto pedagógico sobre los infractores: "El que tiene que pagar por, aparcar mal procurará hacerlo mejor la próxma vez". Sin embargo, Fernando López Amor advierte que quien origina la retirada del vehículo -a veces, la propia Administración- también tiene que rascarse el bolsillo. "Durante la conferencia sobre Oriente Medio hubo que despejar calles enteras por razones de seguridad".