La presión de la calle
Asustado ante la vertiginosa sucesión de revelaciones, el presidente de la comisión investigadora sobre Fernando Collor de Melo, el diputado oficialista Benito Gama dijo: "Encendimos el fuego para asar un lechón y se nos está incendiando la casa".Acorralado, el presidente Collor atacó a la comisión parlamentaria, calificándola como una "pocilga" habitada por "cerdos" que "chapotean en el lodo" al tiempo que prometía revelar el origen de sus recursos "sin dejar absolutamente ninguna duda".
El 27 de julio, su secretario, Claudio Vieira, "explicó" cómo se financiaban los gastos del mandatario. En 1989, Vieira y un diputado amigo de Collor habían contratado un crédito de cinco millones de dólares en la capital de Uruguay, Montevideo, "para financiar la campaña electoral".
En una declaración que provocó alegres carcajadas de los miembros de la comisión, Vieira comentó que con los dólares obtenidos en Montevideo compró 318 kilogramos de oro y que cada vez que el presidente necesitaba dinero, él vendía algún lingote y depositaba el importe en una cuenta bancaria.
Fue entonces cuando apareció la segunda testigo clave: Sandra Fernándes Oliveira, secretaria del empresario Alcides Diniz. La nueva testigo se presentó ante los legisladores y reveló que los documentos de la supuesta operación Uruguay de 1989 habían sido fabricados dos semanas antes en la empresa de Diniz.
Pese a estar desmontada la farsa, la Cámara de Diputados parecía poco dispuesta a aprobar el contundente informe de la comisión investigadora. Fue entonces cuando en todo el país millones de indignados brasileños se volcaron a las calles para exigir la renuncia de Collor o su destitución por el Parlamento. La movilización popular convenció a los diputados, quienes, el 29 de septiembre, aprobaron por 441 votos a 38 la separación de Collor de la primera magistratura para que el Senado pudiera someterlo a un juicio político.
Dos meses después, cuando la Cámara Alta se disponía a destituirlo, el presidente Collor renunció al cargo y fue condenado a la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta el año 2000.
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