¿Sólo a las duras?

Todo parece indicar que la adaptación que el Gobierno pretende hacer en España de la polémica reforma de la política agraria comunitaria nos coloca a las duras y no tanto a las maduras.La mencionada reforma fue aprobada por Bruselas en el pasado mes de mayo y en ella se contemplan dos paquetes diferenciados de medidas. Un primer bloque de obligatoria aplicación que busca alcanzar una significativa reducción de las producciones excedentarias, vía precios. Los productos perseguidos y que afectan especialmente a nuestra actividad agraria son, tanto los cereales para grano y forraje como la leche y carne y posiblemente también el girasol, de so-lucionarse el contencioso del GATT en la línea de las pretensiones de Estados Unidos, En este caso, habría que poner en marcha la reforma de la reforma. Vemos perfilarse, por tanto,un sombrío panorama que afectará a la estabilidad económica de miles de agricultores y que provocará tensiones de ajuste en el uso del suelo y el manejo de recursos naturales.

Para tratar de paliar estas tensiones se puso en marcha un segundo bloque las medidas de acompañamiento o complementarias- que los Gobiernos co munitarios pueden aplicar. Encaso de incorporarlas, la financiación del proyecto correrá a. cargo de los presupuestos de cada país y de la CE, en la proporción del 25% y 75%, respectivamente. Las medidas complementarias se agrupan en tres líneas: jubilación anticipada, reforestación de tierras agrícolas y prácticas agrícolas compatibles con el medio ambiente.

De estas tres, parece ser que el Gobierno español sólo tiene interés en financiar la parte que le corresponde en las dos primeras, dejando más ambigüedad o inconcreción en la tercera, circunstancia que impediría desviar hacia España recursos destinados tanto a la agricultura ecológica como hacia sistemas de gran tradición en las culturas agrarias autóctonas. Por ejemplo, hacia el encinar adehesado con leguminosas o cereales, la mejora de los pastizales y la de las razas autoctonas en régimen extensivo.

Con todo, la financiación prevista para las otras dos no deja de ser reveladora de los objetivos .de la actual política agraria. Una cifra desmesurada para la jubilación anticipada -se habla de 6.000 millones al año- que posiblemente no se vea cubierta por las peticiones de los propios agricultores. Por el contrario, una mezquindad para a re restación de tierras agrícolas, ya que la nueva política forestal se fija como meta la reforestación anual de 80.000 hectáreas. A efectos comparativos, recor emos que durante el periodo comprendido entre 1960 y 1980 se alcanzaban y aun superaban las 100. 000 hectáreas al año y entonces sin la sustancial ayuda que ahora se percibe de Bruselas.

La generosidad presupuestaria que se nos anuncia sigue obsesionada con las carreteras y con el Plan Hidrológico Nacional del MOPT, con unfestival de presas y trasvases preocupante, no sólo por el escaso valor que en el citado ministerio se le concede todavía. a los estudios de impacto ambiental, sino también porque parece que no están ya los tiempos para nuevos rega ios.DescoordinaciónDesde luego, no vemos un gran alarde en la coordinación de las distintas políticas sectoriales. Por un lado, se aspira a reducir la producción excedentaria. Por otro, a promover regadíos de alta productividad. En medio, olvidada, se encuentra la repoblación forestal, a la que un Gobierno progresista debe orientar hacia especies autóctonas para no perder esa oportunidad histórica, que, aunque diseñada desde Bruselas, podría transformar la faz de nuestro país. Lo mismo cabría decir delpaquete de agricultura compa-tible con el medio ambiente. Despreciar esta ocasión de conseguir fondos importantes para algunos subsectores agrícolas tradicionales así como para nuestros sistemas ganaderos extensivos autóctonos, sería de una miopía irreversible.

Nuestra autoridades agrarias están a tiempo de reconsiderar ciertos planteamientos sobre todo teniendo en cuenta que los sistemas agroganaderos de muchas zonas podrían beneficiarse de las ayudas comunitarias.Juan Serna es miembro del Consejo Regulador de Agricultura Ecológica (CRAE) y M. Ángel García Dory es doctor ingeniero agrónomo,