La oposición andaluza acusa al consejero López Martos de favorecer a extorsionistas

Los grupos de la oposición del Parlamento andaluz han coincidido en dictaminar que en las investigaciones realizadas por la comisión del caso Ollero se constata la existencia de una trama de comisionistas que actuaba en torno a la Junta, con la participación de algunos funcionarios y la negligencia de los cargos políticos. El PP, IU y el Partido Andalucista aseguran que los extorsionistas han encontrado un marco ideal para sus coacciones en la arbitrariedad del procedimientro administrativo de la Consejería de Obras Públicas.

Los tres grupos exigen la destitución del titular de este departamento, Juan López Martos, como último responsable.La oposición entregó ayer por escrito sus valoraciones y conclusiones del caso Ollero, que se añadirán como voto particular al dictamen general de la comisión, cuyo único apartado concidente con el PSOE ha sido el de los hechos probados. Los socialistas, con mayoría absoluta, sólo reseñan como irregular la actuación del funcionario de la Consejería de Economía Antonio Mena Anisi, quien en conversaciones pinchadas por la policía suministra información al intermediario Pedro Llach. PP, IU y PA están de acuerdo en las líneas generales con el veredicto.

La oposición considera demostrado que la trama de comisionistas -descubierta con la detención de Jorge Ollero con 22 millones procedentes de una presunta comisión- consigue información privilegiada de distintos niveles y goza de capacidad para el chantaje. Todo ello está avalado por las arbitrariedades y comportamiento irregular seguido en el procedimiento de la selección y adjudicación de las obras por concurso, carente de garantías de imparcialidad, según la oposición.

En cuanto a Manuel Ollero, hermano de Jorge y ex director general de Carreteras, PP, PA e IU estiman que es quien obtiene la conformidad de López Martos para la adjudicación a constructoras con las que habían contactado los comisionistas.

A López Martos se le critica su permisividad con las irregularidades procedimentales y la incapacidad de inspeccionar y controlar su consejería, mientras que a los empresarios se les reprocha no haber denunciado de manera formal los intentos de extorsión. La Audiencia de Sevilla ha ordenado que Manuel Ollero vuelva a declarar ante la jueza que instruye el caso, Pilar Llorente Ollero y su hermano están imputado junto con el presidente de Oicas, Jesús Roa, y Pedro Llach por cohecho y tráfico de influencia.

Mientras, el Tribunal de Cuentas acordó ayer, por 12 votos a favor y uno en contra, solicitar un informe a la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la contratación de obras en los últimos tres años de las consejerías de Obras Públicas y Transportes y Economía y Hacienda, informa Servimedia.