AIfonso Escámez desvincula al Central de toda relación con el 'caso Macosa'

El ex presidente del Banco Central, Alfonso Escámez, negó ayer ante el juez cualquier relación con los cargos de supuesta estafa que se le imputan a Eduardo Santos, ex presidente de Macosa. Escámez afirmó ante el titular del Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona, Lluís Pascual Estevill, que el Central había subrogado en beneficio de Santos, como presidente de Macosa, una deuda de 1.467 millones de pesetas en concepto de intereses de un préstamo de 10.000 millones contraído por Macosa en 1987.

Eduardo Santos, ex presidente de Macosa, que con anterioridad había ocupado la subsecretaría del Ministerio de Industria, intentó cobrar los 1.467 millones de pesetas correspondientes a los intereses condonados del citado préstamo, después de abandonar la presidencia de Macosa en marzo de 1990. En una carta que el banco envió a Santos en junio de 1989, la entidad le subrogaba el cobro de estos intereses, "aunque dirigimos el mensaje a Eduardo Santos en calidad de presidente de Macosa y no a él personalmente", señaló ayer Escámez ante el magistrado instructor.La condonación de los intereses del crédito concedido por el Banco Central constituye uno de los ejes de la investigación que el juzgado de Barcelona ha seguido a partir de una demanda presentada por pequeños accionistas contra los antiguos gestores de Macosa. Los pequeños accionistas iniciaron la acción judicial porque se consideraron estafados en la revalorización y posterior venta de los activos inmobiliarios de Macosa reunidos en el complejo Diagonal Mar, que en su momento fue valorado en más de 30.000 millones de pesetas por auditores independientes. Diagonal Mar ha sido vendido por Macosa a la multinacional norteamericana Kepro por 12.000 millones de pesetas, y en los pasos realizados para efectuar esta desinversión el juez ha encontrado indicios de estafa por parte de los ex gestores de Macosa, el equipo de Eduardo Santos.

Como consecuencia de esta primera fase de la investigación, el magistrado instructor dictó el pasado día 1 de diciembre un auto de prisión contra Eduardo Santos y Federico Albiñana, ex consejero delegado de la empresa. Pocos días después, el titular del juzgado número 26 de Barcelona se inhibió del caso en favor de la Audiencia Nacional por considerar que los pequeños accionistas de Macosa "figuran como titulares con domicilio en varias localidades del territorio nacional, y en consecuencia el caso trasciende los límites de la jurisdicción de Barcelona", manifestó el propio Pascual Estevill. La inhibición del juez se produjo en el momento en que Santos -que se encontraba en Estados Unidos cuando se dictó el auto de prisión- declaraba ante el magistrado; luego salió en libertad bajo fianza de 10 millones de pesetas.

El núcleo de la investigación judicial por las presuntas estafas cometidas por Santos es la compra por parte de Macosa de la sociedad Ingesa, una consultoría propiedad del ex presidente de Macosa, que tenía una opción de compra del 50% de Diagonal Mar y sobre la gestión de Sotogrande, una inmobiliaria adquirida entonces por la propia Macosa.

La instrucción ha desvelado presuntos delitos de estafa -cercana a los 2.000 millones de pesetas- en la venta de Diagonal Mar y la revalorización del balance de Macosa en 1988.