La tortuosa vía de Colmenar Viejo a Leizarán

La suspensión de pagos de Construcciones Atocha, SA, dejó un agujero de unos 9.000 millones de pesetas en sus libros de contabilidad y a más de 700 trabajadores en el alero. Esto ocurría el 26 de mayo de 1991. La empresa, que se constituyó en 1986 con un capital social de 25 millones, llegó a concertar un centenar de contratos con administraciones públicas, por un importe superior a los 100.000 millones.El primer informe del administrador y de los interventores judiciales de la suspensión de pagos, remitido el pasado mes de septiembre al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Madrid, reflejó una clara conclusión: indicios de estafa y falsedad documental. El juez civil le pasó los trastos al fiscal para "la depuración de las responsabilidades penales".

Comunidades autónomas como Asturias, Extremadura, La Rioja, Andalucía o Madrid; ayuntamientos como el de Torrelavega (Cantabria), Mérida (Badajoz) o Coslada y Colmenar Viejo (Madrid); el Instituto Nacional de la Salud (Insalud), o el Instituto Nacional de Servicios Sociales (Inserso), y hasta el Ministerio de Hacienda, se quedaron con alguna obra atrapada en la maraña de la suspensión de pagos.

Una docena de adjudicaciones fueron cedidas con autor¡zación judicial a terceras empresas para que pudieran concluirse los trabajos. Sin embargo, otras resultaron traspasadas sin permiso de los administradores judiciales. Este es el caso de las obras -dentro de la Comunidad de Madrid- del centro agropecuario y la Delegación de Agricultura de Colmenar Viejo, la rehabilitación de la casa consistorial y la construcción de un polideportivo en Parla -financiadas con fondos de la Consejería de Agricultura y Cooperación- o las de sendos aparcamientos municipales en Fuenlabrada y Torrejón de Ardoz.

Cobro por adelantado

Los administradores de la suspensión de pagos de Construcciones Atocha destacan que esta empresa solía cobrar por adelantado a las administraciones con las que contrataba. Para ello, presentaba certificaciones de obra por acopios de materiales justo al finalizar los ejercicios presupuestarios. De esta forma, los gestores públicos podían agotar los fondos de las partidas de obras sin temor a que se quedasen sin poderlas ejecutar. A cambio, exigían a Construcciones Atocha que presentase un aval bancario para garantizar que los trabajos se iban a llevar a cabo.Construcciones Atocha también estuvo relacionada con las conflictivas obras de la autovía de Leizarán, entre Navarra y Guipúzcoa, a través de la empresa Ramos Hidalgo, SL, cuyo capital controlaba. Precisamente, uno de los ejecutivos de Atocha, Felipe Rey Patiño, sufrió un atendado con carta bomba en agosto de 1991.

En el informe del administrador judicial de la suspensión de pagos se sospecha de la existencia de un "montaje" mercantil en el abandono de las obras del País Vasco. Ramos Hidalgo fue vendida a Deutch, SL, cuyo principal propietario no había cumplido 19 años cuando se constituyó la sociedad, en julio de 1991. Esto es, cuatro meses después de que se hubiese firmado la compraventa de las acciones de Ramos Hidalgo.