Rafael Vera y Colom propugnan la reinserción judicial de los ex miembros de Terra Lliure

El secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, aconsejó ayer a Ángel Colom, secretario general de Esquerra Republicana (ERC), que los integrantes de su formación que hayan pertenecido a la banda armada Terra Lliure acudan a la Audiencia Nacional para mostirar su desvinculación de la misma y regularizar su situación judicial. La conversación entre ambos, por teléfono, se produjo tras la detención el pasado martes de destacados militantes de ERC, como Jordi Vera, miembro de su ejecutiva, por su presunta vinculación con Terra Lliure. Este dirigente del partido independentista, que promovió la disolución del grupo armado en 1991, está acusado de haber integrado años atrás la cúpula de la organización terrorista y haber dado el visto bueno a la integración de activistas en la banda, según fuentes de la investigación.

Colom mantuvo ayer tres conversaciones telefónicas con Rafael Vera encaminadas, por una parte, a intentar agilizar los trámites judiciales para que los arrestados pasen lo antes posible a presencia del juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren. El secretario de ERC conversó también con el secretario de Estado para la Seguridad sobre el desencadenante de las detenciones. "Vera ha negado que estuviera al corriente de las detenciones y asegura que han sido por iniciativa del juez de la Audiencia Nacional", explicó ayer Colom en una conferencia informativa.Posteriormente, puntualizó que desconocía la causa concreta de la detención de Jordi Vera, "aunque todo parece indicar que se desencadenó por declaraciones de otras personas". Este aspecto tampoco fue aclarado en las conversaciones que Colom mantuvo también ayer con el delegado del Gobierno en Cataluña, Francesc Martí i Jusmet, informa Blanca Cía.

ERC pretende encontrar una solución particular y otra global para la situación de los independentistas con causas judiciales pendientes en la Audiencia Nacional y "así poder dar carpetazo a los sumarios en los que aparecen personas que han renunciado a la violencia", según comentó Colom.

Esquerra Republicana propone que dos miembros de su gabinete jurídico -los abogados Enric Mainés y Manel Mir- se reúnan con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional para estudiar los casos que aparecen en los sumarios o los que puedan presentarse en un futuro. "Suponemos que hay más independentistas que todavía no han sido llamados a declarar en los procedimientos y otros que tal vez pueden llegar a ser detenidos", precisó Colom. Añadió, no obstante, que la propuesta de Esquerra Republicana se ciñe a los militantes o simpatizantes de ese partido que estén con causas judiciales abiertas. Colom aclaró que la propuesta ha sido considerada por Rafael Vera como "una solución global del problema".

Unica vía

Un portavoz del Ministerio del Interior confirmó ayer que Rafael Vera sugirió a Colom que la única vía de reinserción posible pasa por la presentación de los ex miembros de Terra Lliure que hoy militan en ERC ante los jueces de la Audiencia Nacional, ante quienes deben explicitar el abandono de dicha banda y ponerse a su disposición.

En este sentido, Rafael Vera consideró oportuna la fórmula de que ERC pida información a la fiscalía de la Audiencia Nacional sobre los ex miembros de Terra Lliure que aparecen involucrados en los surriarios abiertos contra dicha banda, y, a partir de tal información, se presenten ante los jueces; para explicar su actuación y beneficiarse del atenuante que siapone la renuncia al grupo armado.El ministro del Interior, José Luis Corcuera, evitó ayer en los pasillos del Congreso de los Diputados realizar ningún pronunciamiento sobre la detención de antiguos miembros de Terra Lliure. Preguntado si tiene una opinión sobre la oportunidad de las detenciones, Corcuera dijo: "La tengo, pero no la voy a compartir con ustedes. No me parece oportuno hacerlo".

El ministro concluyó: "Ha sido una decisión del juez. Él ha tomado decisiones y los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado se han limitado a ejecutarlas".

La investigación que lleva el juez Carlos Bueren ha reunido elementos incriminatorios contra Jordi Vera, uno de los impulsores de la disolución de Terra LLiure y que fue detenido el pasado martes en el aeropuerto barcelonés de El Prat a su regreso de Palma de Mallorca. En concreto, las imputaciones se centran en la pertenencia de Jordi Vera en el pasado a la dirección de la citada organización terrorista.

Toma de decisiones

En su calidad de integrante de dicha cúpula, Vera participó presuntamente en la toma de decisiones que afectaban a la realización o no de campafias de atentados. Incluso, existen datos de la investigación que apuntan a citas clandestinas mantenidas por Jordi Vera en las que éste daba su visto bueno a la admisión de nuevos militantes, que posteriormente se encuadraron en los comandos de la banda armada.Pese a ello, miembros de la Guardia Civil estimaban la nula operatividad de esa facción de Terra Lliure, hasta el punto de que consideraron su disolución como una forma de estampar en un documento lo que era ya una evidencia para los investigadores. La Guardia Civil centró sus pesquisas en el otro sector del grupo terrorista, que fue sometido a una batida el verano pasado, y cuyo principal dirigente, Carles Castellanos, sigue en busca y captura por orden del juez.

Agustí Cerdá, detenido el martes en la localidad valenciana de Canals, desempefió supuestamente un papel similar al de Vera. Por su parte, Gustau Navarro, según datos que arrojan las investigaciones, actuó supuestamente como enlace entre los comandos y la dirección de Terra Lliure. Salvador Soutullo es, según esta misma hipótesis, un mero activista y las imputaciones contra él se centran en su participación en diversas acciones violentas..

Desde la Audiencia Nacional se excusó informar ayer sobre las pesquisas y se recordó que los delitos que se imputan a los detenidos no han prescrito y ninguno de ellos se ha presentado ante la justicia para hacer expresa renuncia de pertenencia a banda armada y acogerse a los beneficios que permite el artículo 157 del Código Penal. Por todo ello, en función del principio de legalidad, tales investigaciones siguen adelante.