El cierre de La Prospe llega a los tribunales
La Escuela Popular de Adultos de Prosperidad, La Prospe, la decana en esta actividad de Madrid, cuyas clases son impartidas por ciudadanos voluntarios, afronta hoy miércoles en los tribunales el posible desalojo del local, situado en la calle del General Zabala, 10. El Arzobispado de Madrid-Alcalá reclama el edificio, de su propiedad.El Ayuntamiento de Madrid concluyó, en enero de 1990, (aunque lo comunicó el 28 de mayo de 1991), el contrato de arrendamiento de este local que mantenía con la parroquia colindante, la del Sagrado Corazón de Jesús, por considerar que los usos del edificio "ya no son de utilidad para el desarrollo de servicios competencia de este Ayuntamiento".
Una vez que el recién estrenado gobierno municipal del Partido Popular decidió resolver el contrato de arrendamiento del inmueble, el Arzobispado de Madrid reclamó judicalmente a los miembros de la escuela de adultos que abandonasen el local, en septiembre de 1991.
Durante el año y dos meses que han transcurrido desde éste requerimiento, La Prospe ha continuado con su actividad docente. El trabajo de educación de adultos de la escuela ha sido reconocido por el Ministerio de Educación: en noviembre de 1991 incluso galardonó a la escuela con un premio para la alfabetización de adultos; por la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid; por Cáritas y por organismos internacionales financiados por la Comunidad Europea.
En el curso 1992-932 se han matriculado en la escuela un centenar de personas. Además de la alfabetización de personas mayores, los 50 monitores de la escuela imparten clases de español para inmigrantes, se dedican a la integración escolar de marginados -minusválidos, ex toxicómanos y extranjeros-; enseñan distintos oficios en talleres y preparan a los mayores de 25 años para acceder a la universidad, entre otras actividades.
La directiva de la escuela presentó una lista de locales del distrito en los que podían instalarse, pero los alquileres resultaban prohibitivos para un centro cuya matrícula, simbólica, es de 300 pesetas mensuales. Sus ingresos, cerca de un millón anual, provienen de las subvenciones del Ministerio de Educación y de la Comunidad de Madrid, según Rubén Costiglia, uno de los monitores.
El juzgado de instrucción número 8 de Madrid celebra hoy la vista, en segundo requerimiento, de la demanda por deshaucio.
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