'El conseguidor', en el banquillo

La secuencia se repetirá hasta ocho veces, quizá nueve. Juan Guerra pasará gran parte de 1993 sentado en el banquillo de los acusados, acompañado, según el caso, por amigos, socios, políticos o empresarios. Vieron en él al gran conseguidor para sus negocios e intereses y se convirtieron en cooperadores necesarios o presuntos actores de la complicada trama creada por el asistente de su hermano Alfonso, cuando éste ocupaba la vicepresidencia del Gobierno.

Sólo cambiarán los artículos del Código Penal aplicables. Desde el delito fiscal a la prevaricación, pasando por el cohecho, la falsedad, la usurpación, la estafa o la maquinación para alterar el precio de las cosas.El llamado caso Juan Guerra tiene implicadas, de una u otra forma, a la casi totalidad de las instancias judiciales andaluzas. Mientras, sobre el mismo pende, como espada de Damocles y objeto de deseo de las defensas, la resolución por parte del Tribunal Constitucional de dos recursos de amparo solicitando la nulidad de las actuaciones.

Juan Guerra acudirá a la mayoría de los juicios que tiene pendientes sin una condena firme y en libertad tras el juicio por Fracosur, celebrado la pasada semana, aunque en vistas sucesivas las sentencias pueden producirse ya con hechos probados en su contra.

El caso mantiene en fase de instrucción -dirigida por el juez Ángel Márquez- cuatro de las ramificaciones a las que han dado pie las diligencias previas 1527/90. Son las relativas a la concesión irregular de máquinas tragaperras, que afecta a altos cargos de la Administración andaluza y en la que la participación de Juan Guerra parece difícil de probar (el secreto judicial ha impedido conocer las últimas actuaciones); la adjudicación de los servicios de aprovisionamiento de aviones de los aeropuertos de Madrid, Sevilla y Jerez; la cesión de suelo público a la empresa Construcción Modular Andaluza (Comasa-2 en el cuadro) y la utilización ilícita del despacho oficial de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Mientras las dos primeras están aún en fase de investigación y diligencias, las dos últimas se encuentran en el último tramo instructor. Ambas pendientes de calificación de las partes y de la resolución de recursos presentados por las defensas.

Los asuntos Comasa-1, Litomed y CIMPA-Corral de la Parra, SA, serán los primeros a los que se tendrá que enfrentar Juan Guerra. En los tres, las penas solicitadas superarán los seis años de condena por lo que deberá ser la Audiencia de Sevilla la que los sentencie.

Sobre el tercero de los casos, la defensa de Juan Guerra ha solicitado la recusación del tribunal, al entender que éste ya se ha pronunciado sobre el procedimiento. El Tribunal Superior de Justicia deberá zanjar la cuestión.

El despacho de la Delegación del Gobierno en Andalucía es la parte del sumario que más quebraderos de cabeza dará a defensas y acusaciones. El magistrado instructor envió la pasada semana los 16 tomos que comprenden las actuaciones y que se extienden a lo largo de más de 14.000 folios, lo que ha provocado una petición para que prolongue el plazo para presentar los escritos de acusación. En esta causa el asistente será juzgado por incumplimiento de sus obligaciones tributarías, por presuntos delitos fiscales de renta y patrimonio.

El hecho más llamativo del entramado judicial lo representa el sumario Puerto de la Plata, el asunto que desencadenó el proceso y del que, como alguien metafóricamente señalara hace meses, se fueron sacando las cerezas entrelazadas de las andanzas del famoso asistente.

Las manos de cinco jueces de instrucción han conocido, en el viejo y pequeño juzgado de Barbate, las diligencias para esclarecer el delito de prevaricación que presuntamente se cometió para desbloquear el proyecto urbanístico, planeado sobre terrenos afectados por el Ministerio de Defensa. Tantas manos y tan pocos adelantos en la instrucción se han producido que el propio Consejo General del Poder Judicial ha abierto una investigación para esclarecer los retrasos.