Hacienda descubre 3.200 millones en certificados falsos que afectan a 50 clientes de Caixa Laietana

La inspección de Hacienda ha descubierto medio centenar de certificados falsos que reflejan depósitos y primas únicas atribuidas a hombres de paja que encubrían a una cincuentena de empresarios, clientes de la Caixa Laietana de Mataró. Los certificados reflejaban operaciones por unos 3.200 millones de pesetas. Entre los clientes afectados destacan el propio presidente de la caja, Esteve Martí Coll, y los empresarios textiles Pere Sans Llopart; Rodrigo García, dueño de Vic-trix; Juan Tejada y Juan Masaguer.

Pere Sans fue reemplazado en las listas de seguros de prima única enviadas a Hacienda por su madre Aurora Llopart, fallecida en 1983, según la inspección de Hacienda. Sans es el empresario más importante de Mataró, una de las capitales tradicionales del textil catalán. Recientemente vendió su empresa, fabricante de las prendas Abanderado, al grupo americano Sara Lee. Sans señalo a este diario: "No quiero hacer declaraciones. Ya tengo normalizada mi situación con Hacienda".Un caso distinto es el de Rodrigo García, que figuraba erróneamente junto a su esposa Concepción Blanxar. En una segunda lista enviada por la caja a Hacienda, los dos han sido sustituidos por Francisco Martínez Gaona, a quien el inspector de Hacienda afirma haber localizado en una residencia de ancianos. No ha sido posible recabar la opinión de García sobre estos hechos.

Por su parte, Juan Tejada, propietario de una importante empresa de estampación, dice: "Mi situación con Hacienda ya está normalizada porque hubo que hacer declaración complementaria por una parte del dinero".

Informe de la inspección

El certificado falso que encubría al presidente de la caja, Esteve Martí Coll, había sido admitido por la entidad hace un año y medio. Ahora se ha conocido que era José Borrego, una persona desconocida para Hacienda, quien tapaba la prima única del presidente y según algunas fuentes realizaba trabajos de jardinería para Martí Coll. Éste, afirma: "Yo no soy ejecutivo de la caja. Yo tengo un cargo honorario y me limito a inaugurar las exposiciones. Tengo normalizada mi situación con Hacienda", añade.

Tapadera de dinero negro

En un duro informe enviado al juzgado número 4 de Mataró, la inspección de Hacienda afirma: "La entidad ( ... ) hizo figurar titularidades ficticias recubriendo la titularidad real de estas operaciones". Añade que la caja "conocía o permitió, si no los facilitó directamente, la existencia de certificados conteniendo operaciones con pagarés que no habían sucedido en la realidad, permitiendo con ello que el titular aparente justificara ante la inspección que el origen de determinadas inversiones en activos financieros provenían de fondos económicos que habían surgido en periodos de tiempo prescritos" a efectos fiscales.

Las acciones judiciales sobre este caso se iniciaron hace casi dos años, cuando el abogado y cliente de la caja, Miquel Ángel Quintín, presentó una querella contra la entidad. El denunciante afirma que él y cinco clientes de su despacho (su hermano José Luis, Carmen y Teresa Puig, Josep Abril y Sixta Túrrez) ingresaron en la caja 600 millones de pesetas "con la promesa de que nos vendían activos financieros". "Nos dieron unos certificados del ingreso, pero nunca recibimos los activos, pero nos hicieron aparecer en una lista de susriptores de seguros de prima única", afirma Quintín. Una parte del dinero ingresado era negro, por lo que el abogado y sus clientes se vieron obligados a hacer declaraciones complementarias a Hacienda, al no poder justificar su posesión ante el fisco. Quintín pide 80 millones de indemnización a la juez como compensación por el dinero que tuvieron que pagar a Hacienda al aflorar el dinero oculto.

Sin embargo, según fuentes de la caja fue el propio Quintín quien pidió certificados falsos. El director general de Caixa Laietana, Pere Antoni de Doría, dice que "fue la propia entidad quien descubrió los certificados erróneos y los pusimos en conocimiento de Hacienda. Este grupo de clientes depositaron alrededor de 300 millones". La caja admite que "el certificado del propietario de Vic-trix no lo descubrimos nosotros, sino Hacienda".

Según De Doria, el tema quedó resuelto con el cese del subdirector general de la caja, Ignacio Serracanta, y el apercibimiento a siete empleados. De Doria añade que tanto la expedición de certificados de activos como de prima única eran responsabilidad última del antiguo subdirector general, que dejó la entidad en febrero de 1991 tras cobrar 48 millones de pesetas de indemnización. Serracanta ha declinado explicar sus responsabilidades en estas operaciones "porque el tema está en el juzgado", afirma.

Sin embargo, Serracanta declaró al Juzgado el pasado mes de julio que los seguros de prima única no eran de su responsabilidad, ya que este departamento "dependía directamente del director general". De Doria dice que tanto la operativa de depósitos como de seguros de prima única dependían de la oficina de operaciones, a cuyo frente estaba Serracanta.

Los certificados sobre depósitos fueron firmados por los apoderados Antonio Casademont y Manuel Barnada y por su jefe, el delegado de zona Joaquín Barbena. Los dos primeros han afirmado ante el juez que hicieron certificados por orden de Barbena. Éste, en declaraciones al juez, afirma que "Serracanta le ordenó que pasara a Casademont unos datos para la emisión de unas certificaciones, pero nunca supo si el contenido de las mismas era falso". En sus declaraciones ante el juez, Serracanta se defiende diciendo que "pese las declaraciones que puedan hacer Barnada o Casademont no es cierto que facilitara los datos para la emisión de certificados".