KIO y Pilatos

LA SUSPENSIÓN de pagos del grupo Torras, brazo inversor de la sociedad estatal Kuwait Investment Office (KIO) en España, será la mayor registrada en nuestro país. La deuda supera los 250.000 millones de pesetas, con la singularidad de que el principal accionista, KIO, es a la vez el principal acreedor, con más del 70% de esa cifra. El impacto industrial y laboral puede ser catastrófico.La decisión ha estado precedida de arduas negociaciones entre los representantes del grupo kuwaití, la Administración española y los bancos acreedores. Se pidió al Gobierno que apoyara al grupo, pero el Gobierno no ofrece ayudas concretas a empresas; se pidieron quitas y aplazamientos a los bancos, que han respondido con tibieza. Finalmente, algunos de los consejeros y asesores españoles de KIO propusieron una solución con aportaciones de las tres partes (KIO, banca y Gobierno): fue rechazada por KIO, inclinada a abandonar sus inversiones en Torras e incluso en España.

La decisión de suspender pagos pone en cuestión a KIO, a sus gestores y al Gobierno. A los gestores españoles del grupo, encabezados por Javier de la Rosa hasta el pasado verano: este financiero cantó las alabanzas de los kuwaitíes en la época de la invasión del emirato. Para entonces, KIO había obtenido más de, 100.000 millones de pesetas de beneficio en operaciones especulativas a través de Bolsa. Ahora, cuando los kuwaitíes anuncian acciones legales en su contra por considerar que desvió beneficios hacia sus propios intereses, De la Rosa les culpa del desastre y asegura que no son de fiar. Además, afirma que sus antiguos patronos-socios poseían paquetes de sus filiales superiores a los porcentajes autorizados. ¿Lo descubre ahora? ¿Por qué no lo denunció antes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores? No ha sido un mero administrador de KIO en España. Ha sido también su socio, su hombre de confianza y su primer beneficiario. Si Torras está técnicamente en suspensión de pagos -¿o en quiebra?-, como aducen sus actuales responsables, ésta no se ha podido generar en los escasos meses que median desde el abandono- del barco por el antiguo gestor de otros escándalos sonados, nunca aclarados del todo (Banca Garriga Nogués). Tiene un responsable. Y éste no es otro, en España, que Javier de la Rosa.

Al Gobierno y al Estado: es verdad que una empresa privada es soberana para adoptar las decisiones que considere oportunas. Pero este grupo ha recibido 80.000 millones de pesetas en ayudas públicas directas o indirectas. Sus decisiones afectan a cerca de 100.000 trabajadores y al tejido industrial español. Todos los esfuerzos son precisos tanto para evitar, o aminorar, los efectos de una decisión traumática como para deslindar responsabilidades en lo que todavía no se puede certificar con certeza si es una aguda crisis industrial o una monumental estafa de múltiples ramificaciones. ¿Dónde está el fiscal general del Estado? España debe exigir responsabilidades a KIO y al Estado kuwaití. El grupo inversor se comprometió desde el inicio a realizar fuertes inversiones en España y a mantener el empleo. Aseguró que destinaría los beneficios sobre todo a nuevas inversiones y a reforzar el grupo. No ha sido así. Puede que a los kuwaitíes les hayan engañado sus socios españoles; pero al final han sido muy poco rigurosos con sus propias promesas al Gobierno español, que seguramente creyó ver detrás de KIO la garantía del Estado de Kuwait -cuyo crédito internacional puede quedar mellado con esta aventura- y que tanto les ayudó durante la guerra frente a Irak.

Carlos Solchaga y Claudio Aranzadi ampararon las inversiones de KIO, respaldaron a De la Rosa -pese a sus poco tranquilizadores antecedentes- y han dejado que las empresas y sectores en los que estaba KIO -algunos ciertamente de difícil solución, como los fertilizantes- hayan quedado sin un patrón y sin amparo para afrontar su futuro. El Gobierno debe explicar en el Parlamento sus gestiones para evitar este desenlace. Pero está obligado, sobre todo, a amarrar el compromiso expresado por Al Nouri según el cual la salida de Torras no implica el abandono de las inversiones kuwaitíes en otros sectores y empresas: el aviso que ayer dio Felipe González, aunque tardío, está en el buen camino. No debe quedarse ahí.

Pero además, dada la situación actual de la economía española, la capacidad para retener o atraer inversiones extranjeras no depende ahora tanto de decisiones monetarias o macroeconómicas como de la seriedad y coherencia de la política industrial. Cuando KIO se metió en British Petroleum, el Gobierno británico exigió que diese marcha atrás para evitar una indeseada posición de control. Aquí no se ha controlado prácticamente nada. Al contrario, se han otorgado ayudas a algunas empresas del grupo por pertenecer a un sector en reconversión. Y se ha permitido vaciar los activos de algunas sociedades para especular sin piedad con ellos, como ocurrió en Ercros y Prima, y obtener unos formidables ingresos que no se sabe dónde han ido a parar. No, en principio, a KIO, a juzgar por las cifras manejadas en los informes de profesionales independientes. ¿A quién?

Al final, quien puede perder es la industria y los trabajadores, aunque, en principio, la suspensión afectará únicamente a la matriz y no a las empresas industriales. Pero el peligro de un derrumbamiento en cadena subsiste si no aparecen otros inversores dispuestos a quedarse con esas sociedades. ¿Pueden sus recientes gestores y los responsables políticos que les dieron luz verde ponerse la máscara de Pilatos?