Fianza de 1.000 millones al BBV por una presunta estafa cometida por ex empleados
El juez de delitos monetarios, Miguel Moreiras, ha fijado una fianza de 1.000 millones de pesetas al Banco Bilbao Vizcaya para hacer frente a la responsabilidad civil derivada de una presunta estafa cometida por varios ex empleados de la entidad, al tiempo que ha ordenado el ingreso en prisión del apátrida Dzemal Turulja y de Juan Manuel Martínez Santos, antiguo número dos de la oficina del banco en Miami, para el que se ha dictado una orden de busca y captura internacional.El origen del problema se remonta a 1989, cuando Martínez Santos; el ex director de la sucursal del BBV de la calle Ramos Carrión, de Madrid, Fernando González Fernández; el apoderado director del servicio de extranjero, Antonio Rodríguez Rubio, y los directores de la delegación de Zurich, avalaron al apatrida de origen yugoslavo Dzernal Turulja, frente a Salvador Arotzarena Iribarren, propietario de la empresa agrícola Naiz, con sede en Navarra. Arotzarena, que había obtenido un importante capital con la venta de parte de su empresa dedicada a la comercialización de trufas, fue aconsejado por un empleado del BBV para que invirtiera en una operación petrolífera de la que el responsable era Turulja.
Para acreditar la solvencia del apátrida, los querellados certificaron a Arotzarena que, de acuerdo con los antecedentes existentes en el banco, "después de largo tiempo de fructíferas y satisfactorias relaciones", Turulja y sus empresas eran "dignas de la máxima confianza tanto en lo técnico como en lo financiero". Los directivos citados mostraron las certificaciones en documentos con el membrete del banco e incluso, a través de los directores de Zurich, instrumentalizados por Martínez Santos, se extendieron varios preavales en favor de las compañías de Turulja, que el BBV retiró del mercado de forma unilateral, declarándolos nulos y sin efecto alguno, debido a la insolvencia del apátrida, pero sin comunicárselo a Arotzarena.
Los preavales del BBV esgrimidos por Turulja hicieron pensar a Arotzarena que el apátrida contaba con el respaldo del banco en la operación de compra de crudo que le proponían entre las empresas Oil Import Petrol Corporation, de la que es titular Turulja, y Petroecuador, que, por otro lado, nunca han mantenido relaciones comerciales ni han suscrito contrato alguno. Para participar en la inexistente operación, Arotzarena entregó un total de 700 millones en varias entregas, entre noviembre de 1989 y marzo de 1990.
Los querellados González Fernández y Rodríguez Rubio manejaron una cuenta transitoría en la sucursal del BBV de la calle Ramos Carrión, de Madrid, y abrieron una cuenta a nombre de una persona ya fallecida.
Ninguno de los tres empleados del BBV trabajan actualmente para el banco. Martínez Santos y Rodríguez Rubi o abandonaron voluntariamente la entidad cuando se descubrió la presunta estafa. Fernando González Fernández fue despedido.
El BBV, a través de un portavoz oficial, ha señalado que el auto del juez Moreiras no es firme y que la entidad tiene intención de recurrirlo. "Todavía el BBV", agregó, "no ha sido parte en este procedimiento. Estamos seguros de que cuando nos personemos, se demostrará que el banco no ha incurrido en responsabilidad alguna".
