El asentamiento gitano junto a la carretera cumple tres años

Se cumplen hoy tres años desde que, el 2 de diciembre de 1989, el desbordamiento del río Jarama provocó cuantiosos daños materiales en varias fábricas del polígono industrial de Paracuellos del Jarama y arrasé a su paso por San Fernando de Henares huertos de ocio y un asentamiento de gitanos que se alzaba desde hacía 14 años en el cauce del río.Entonces, las administraciones local, autonómica y estatal se mostraron dispuestas a realojar a 30 de estas familias que se encontraban, empadronadas en el municipio y que quedaron sin chabolas.

A pesar de la firma de un convenio, tras el desastre, el tiempo ha pasado y las familias gitanas continúan asentadas a orillas de una carretera que da acceso al Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, a la urbanización Los Berrocales y al municipio de Paracuellos del Jarama.

Esperando ver cumplidas las promesas de entonces, más de 150 afectados por la riada viven entre las ratas -ya han mordido a niños y mayores- y la carretera, por donde los coches circulan a más de 100 kilómetros por hora.

Luis María do Santos, portavoz del asentamiento, afirma que ya no se creen lo de las viviendas, a pesar de que la pasada semana les anunciaron de nuevo una "rápida solución".

El Tercer Mundo

El propietario de unos terrenos colindantes al asentamiento, en los que existe un pozo, se queja de que los gitanos le quitan el agua y estropean las bombas, y los vecinos de Los Berrocales continúan solicitando al Ayuntamiento que desmantele las chabolas.Los vecinos se quejan del aumento de basura en el lugar y del peligro que corren los niños jugando siempre junto a la carretera. "Este sitio parece el Tercer Mundo", dicen, "y nuestras viviendas han perdido valor".

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares, gobernado por el PSOE desde las últimas elecciones (antes gobernaba IU), continúa la lucha jurídica para intentar finalizar la construcción de 30 viviendas en un terreno cedido por el Ayuntamiento.

En el terreno, situado a varios kilómetros del casco urbano, comenzaron las obras de cimentación para levantar casas prefabricadas, que cedía el Estado. Para acceder al mismo, las máquinas debían atravesar fincas colindantes, cuyos propietarios se opusieron con acciones jurídicas que consiguieron retrasar el proyecto. Los tribunales dieron la razón al Ayuntamiento.

El problema estriba ahora, según Luis Enrique Piñas, alcalde del municipio, en la falta de dinero y en la necesidad de atravesar de nuevo las fincas de los que se oponen al asentamiento. Piñas asegura que ya tiene noticias de que estos propietarios "impedirán como sea" las obras.