Los jueces pactan con el PSOE aplazar su derecho de huelga
Las tres asociaciones judiciales reclamaron ayer su derecho a la huelga, aunque por el momento se mostraron de acuerdo con el pacto conseguido con el grupo parlamentario socialista para aplazar la cuestión, a cambio de eliminar de la ley de huelga, actualmente en el Parlamento, la exclusión de tal derecho para jueces y fiscales.Un debate organizado por la asociación judicial progresista Jueces para la Democracia puso de manifiesto el criterio mayoritario a favor de este derecho, que algunos juristas consideran de difícil encaje constitucional, mientras el Gobierno no está dispuesto a reconocerlo.
Los consejeros del poder judicial, Juan Alberto Belloch y María Teresa Fernández de la Vega mantuvieron que la Constitución no prohíbe el derecho de huelga de jueces, magistrados y fiscales, si bien admitieron que, como miembros del Poder Judicial, la regulación de tal derecho y su ejercicio deberían ser muy cuidadosos. Por su parte, el secretario general técnico del Ministerio de Trabajo, Francisco González de Lena, dio cuenta de la negociación con el grupo socialista, que ha eliminado la exclusión que el proyecto de ley de huelga hacía de estos juristas y la ha sustituido por una disposición adicional en la que se establece que la ley de huelga no se aplicará a jueces y fiscales y se remite la cuestión a la legislación específica. En opinión de este alto cargo gubernamental, aunque la Constitución no prohíbe el derecho de huelga de estos colectivos, "parece más coherente con el modelo jurídico español el no reconocimiento del derecho".
Mucho más tajante fue el catedrático de Derecho del Trabajo, Carlos Palomeque, para quien el texto negociado deja sin resolver un problema que, por otra parte, ya está resuelto en nuestro sistema constitucional, "que impide", dijo, "sostener que jueces, magistrados y fiscales son titulares del derecho de huelga".
El también catedrático de Derecho del Trabajo, Antonio Ojeda, negó esa vinculación entre la libertad sindical y el derecho de huelga e invocó la doctrina del Tribunal Constitucional según la cual no está prohibido en la Constitución el derecho de huelga de jueces y fiscales.
