González vence las reservas de Guerra y plantea al Gobierno la Ley de Arrendamientos

La ministra portavoz del Gobierno, Rosa Conde, admitió ayer que el Consejo de Ministros lleva dos sesiones debatiendo la polémica Ley de Arrendamientos Urbanos, y expresó la voluntad del Ejecutivo de aprobarla, previsiblemente, el próximo viernes.

La decisión de sacar adelante esta polémica ley contiene una importante carga política porque expresa la voluntad del jefe del Ejecutivo, Felipe González, de asumir los riesgos de su puesta en práctica en un momento "políticamente delicado", según recordó hace un mes Alfonso Guerra a González en una reunión de la dirección socialista.Guerra y la cúpula socialista han opuesto resistencias a que esta ley se apruebe en esta legislatura porque podía crear "confusión" en una parte del electorado socialista y se ampararon en una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La Ley de Arrendamientos Urbanos deroga la antigua ley Boyer y, por ejemplo, los propietarios de viejos inmuebles, a través de la Cámara de Propiedad Urbana, ya han anunciado su oposición por considerarla "insuficiente".

Pese a todo, González respaldó al ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell, para que siguiera adelante con la ley. En la propia reunión de la ejecutiva del PSOE advirtió: "Nuestra función es gobernar, y si no aprobamos ahora la Ley de Arrendamientos Urbanos, tendremos que sacarla adelante en la próxima legislatura". González se comprometió a aprobar esta ley en 1992.

Cautelas

De todos modos, el Gobierno trata de evitar otro catastrazo. Al afectar la ley a colectivos diferentes, los socialistas temen que "algunos sectores estimen que les afecta negativamente, como los inquilinos, por ejemplo, a quienes en el fondo va a favorecer", según fuentes socialistas.La ministra portavoz admitió ayer que "el debate de la ley está llevando tiempo porque se trata de una ley muy compleja". "Hay muchos colectivos distintos afectados y la casuística es muy diversa, y se trata de prever todos los supuestos en que incide para evitar lesionar los intereses de nadie", añadió Rosa Conde.

La aprobación de esta ley también tiene un carácter de test sobre el alcance de la legislatura. Su paralización sería la prueba de un adelanto de las elecciones y su aprobación, de la intención de agotar la legislatura, según se estima en esos medios socialistas.

Otras decisiones del Consejo de Ministros fueron:

Reales-decretos:

-Incorporación de las enseñanzas de Educación Física a la universidad.

-Desarrollo de la Ley de Propiedad Intelectual.

-Establecimiento de los principios de organización de controles veterinarios de animales procedentes de países terceros.

-Plan del Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera.

Resoluciones y acuerdos:

-Aprobación del balance y cuenta de pérdidas y ganancias del INI en 1991. Los ingresos totales del ejercicio fueron de 172.593 millones y los gastos totales, 266.386 millones. Las pérdidas fueron de 93.787 millones. La aportación del Estado fue de 98.000 millones.

-Autorizada la inversión de capital extranjero por importe de 269 millones (el 49%) a la sociedad Spanair.

-Autorizado el contrato, por el sistema de concurso con admisión previa, de las obras: conexión del II cinturón con la A- 19 y CN-II, autopista Trinidad-Mongat. Sector II, Conreria-Mongat, por importe de 5.697 millones.

-Autorizada la contratación de obras de construcción del hospital de Alcorcón (Madrid) por 11.999 millones.