Criminales

LA CAMPAÑA neonazi contra los extranjeros alcanzó el pasado fin de semana un grado de violencia inaudito. Una mujer y dos niñas de 14 y 10 años, de nacionalidad turca, han muerto- en el incendio intencionado de su casa provocado por unos criminales que gritaron "Heil Hitler" al telefonear a los bomberos anunciando la, fechoría que habían cometido. En el metro de Berlín, un joven ha sido asesinado a puñaladas por unos neonazis. Hace 10 días, un hombre fue quemado vivo en un bar de Wuppertal (en el Ruhr) por unos jóvenes de igual ideología.Sería exagerado asimilar el actual momento alemán con la subida de la violencia hitleriana en los años treinta. Sobre todo porque gran parte de la población reprueba este vandalismo. Tras los últimos crímenes tuvieron lugar en diversas ciudades alemanas manifestaciones espontáneas para exigir una actitud más enérgica del Gobierno de Kohl ante los desmanes neonazis. En ese sentido se ha manifestado la comunidad turca de Alemania, dos millones de personas establecidas en este país desde hace muchos años.

Pero existe una responsabilidad del Gobierno que no cabe ocultar al resistirse a aceptar hasta ahora la existencia de una violencia organizada de la ultraderecha contra los extranjeros. Su tesis ha sido que se trataba de actos aislados, que tenían lugar en la antigua zona comunista como consecuencia de la desesperación de grupos de jóvenes. Los últimos hechos entierran definitivamente esa tesis: la ola de criminalidad provocada por la xenofobia no se limita a las regiones, orientales, y ha atacado a alemanes contrarios a esa ideología y a extranjeros. El crimen del metro de Berlín y el incendio de Moellen no tienen nada que ver con el tema de si Alemania debe acoger a los extranjeros que demandan asilo con medidas más o menos generosas. Al centrar su esfuerzo político en restringir la entrada de nuevos extranjeros, subestimando la gravedad de la violencia xenófoba, el Gobierno de Kohl ha dado una especie de justificación a esta campaña. Ante los últimos crímenes parece haberse operado una reacción saludable no sólo entre la población alemana, sino por parte de las autoridades. En lo que va de año se han producido unos 2.000 ataques contra. extranjeros, y unas 15. personas han muerto como consecuencia de esos actos vandálicos. Pero ello no ha dado lugar a ningún esfuerzo serio, a nivel federal, para detener y juzgar a los culpables; ni para disolver a los grupos promotores de la violencia. Esa impunidad ha sido un estímulo para que los actos revistan cada vez mayor violencia.

Por primera vez, y tras el incendio de Moellen, el fiscal general del Estado, Alexander von Stahl, ha decidido tomar cartas en el asunto, considerando que ese acto "es una amenaza a la seguridad de Alemania". Ello debería permitir que se adopten medidas eficaces para descubrir a los culpables y desmontar la trama organizadora de los crímenes. Si ello no ocurre en breve plazo, se extenderá la voluntad de organizar la autodefensa por parte de las personas que se sienten más amenazadas. Lo que está en juego es la credibilidad democrática de Alemania.