Dos españoles juzgados por 'golpistas' en Guinea sin garantías procesales

Salvador Vilarrasa y Santiago Hanna, dos españoles recluidos desde hace un mes en una comisaría de Guinea Ecuatorial, se enfrentan hoy en consejo de guerra a una condena de 30 años por un presunto delito contra la seguridad del Estado en grado de conspiración. La Embajada española en dicho país centroafricano considera que este juicio es un "montaje descabellado" en el que se han incumplido las garantías procesales. Vilarrasa, de 43 años, compró en Holanda un lote de material militar de desecho para un aserradero de madera. Hanna figura como importador.

Vilarrasa, casado y con dos hijos, es un empresario valenciano que lleva 15 años afincado en Guinea. Santiago Hanna es de origen libanés. El empresario valenciano adquirió en una subasta pública en Holanda un lote de material militar calificado de desecho. La casa de subastas se denomina Boogart Techrilcal Sales Agency.En la compra figuraban cuatro vehículos militares inservibles que fueron matriculados sin problemas aduaneros en la provincia continental de Río Muni. Su destino, según los parientes de Vilarrasa, era utilizar sus piezas como recambio para un aserradero de madera. El detonante del proceso, sin embargo, fueron las botas, pantalones, camisas y tiendas de campaña militares adjuntas al lote.

El pasado 24 de octubre Vilarrasa fue detenido en una calle de Bata (Guinea). La policía también apresó a Hanna, quien es socio principal de Asemer, una de las empresas que aparecen como importadoras del citado material.

"No hay prueba ninguna de delito alguno", señaló un representante diplomático. Tras la detención, la policía registró el domicilio de Vilarrasa y se incautó de unos bermudas color caqui. Esta prueba ha sido incorporada al sumario, según fuentes diplomáticas.

La televisión guineana, en tres reportajes, ha implicado a Vilarrasa y Hanna en una trama golpista. El presidente guineano Teodoro Obiang ha aparecido en los documentales hablando del "enemigo exterior". En estos programas se muestra cómo las botas, camisas, pantalones y tiendas de campaña comprados por Vilarrasa tienen fines militares.

El juez instructor -un militar- permitió hace dos semanas que Vilarrasa escogiera abogado defensor. El industrial optó por el eurodiputado Juan María Bandrés y un letrado nativo llamado Constantino Ndong, quien fue detenido tras visitar a Vilarrasa y permaneció recluido 72 horas. Finalmente, las autoridades guineanas le inhabilitaron para la defensa y le impusieron una multa de 8.000 pesetas.

Bandrés y la hermana de Vilarrasa viajaron a Guinea la pasada semana. El Ministerio de Asuntos Exteriores requirió visado para el parlamentario. Al llegar al aeropuerto de la ciudad de Bata -donde se encuentra recluido Vilarrasa- las autoridades africanas expulsaron a ambos por "carecer de visado".

Sombras de dictadura

Tras esta expulsión, Vilarrasa escogió al abogado José Olo, quien también defenderá a Hanna. La familia del empresario así como Bandrés dudan de su "margen de maniobra" en un país sobre el que se cierne la sombra de una dictadura.La familia ha pedido la intervención de Amnistía Internacional. El Gobierno español ha expresado en una nota dirigida al embajador de Guinea su más enérgica protesta y ha calificado de "intolerable" la situación. La embajada española ha elevado protestas formales por el incumplimiento de las garantías procesales. Fuentes cercanas a la defensa indicaron que el Ministerio de Exteriores aumentará la presión cuando se dicte sentencia.

Desde su detención, Vilarrasa permanece recluido en una comisaría de Bata. Tiene celda propia y se le permite pasear por el patio, según el cónsul español en Bata, Diego Sánchez Bustamante, quien diariamente le visita. Sometido durante las tres primeras semanas a intensos interrogatorios sin abogado, su estado físico ha empeorado. La citada comisaría carece de agua corriente y de servicios higiénicos.

Santiago Hanna está recluido en los mismo barracones, aunque en otra celda. Hanna se ha negado a tener asistencia consular. En el consejo de guerra estará presente el cónsul español. El Gobierno guineano ha denegado el visado a periodistas.