Las constructoras piden que se reduzcan a la mitad los plazos de los pagos públicos
La empresas constructoras se han dirigido a los grupos parlamentarios socialista, popular y catalán para que recojan varias enmiendas al proyecto de ley de Contratos, del Estado con el objetivo prioritario de que se reduzca el plazo para el pago tanto de las certificaciones como de la liquidación definitiva de las obras públicas. El proyecto de ley fija en 90 días el plazo para el pago de las certificaciones y en 180 el de las liquidaciones. Los constructores pretenden que ambos plazos se reduzcan a la mitad.
El principal argumento que esgrimen los constructores es que los plazos de pago que contempla el proyecto de ley son los más largos de Europa. Los más cortos son los existentes en Irlanda (10 días para las certificaciones de edificación y 28 para las de ingeniería civil), Alemania (12 días para las certificaciones y 60 para las liquidaciones), Dinamarca (21 días para certificaciones y liquidaciones), Gran Bretaña (28 días para ambos conceptos) y el bloque formado por Italia, Holanda y Luxemburgo (30 días para las certificaciones).
Las legislaciones más próximas a Ia española se encuentran en Francia (45 días para las certificaciones y entre 45 y 60 para las liquidaciones), Bélgica (60 días para las certificaciones y 90 para las liquidaciones) y Portugal (60 días para certificaciones y liquidaciones).
En estos momentos, la deuda que el conjunto de las administraciones españolas tienen contraídas con las empresas constructoras rondan los 750.000 millones de pesetas. "Esta cifra supone", según fuentes de SEOPAN -organización que integra a las grandes constructoras del país-, "que nos deben aproximadamente unos siete meses de trabajo".
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