¿Qué hace el Rey?
EN LOS años de la transición, una pregunta semejante evocaba de inmediato la necesidad de la intervención del jefe del Estado frente a las amenazas antidemocráticas o golpistas que se cernían todavía sobre nosotros. Estabilizada la democracia, y con ella la monarquía constitucional, la pregunta ha dejado de ser, en muchos aspectos, preocupante, para dar paso, en cambio, a que lo sea la respuesta. Hoy el Rey clausura un encuentro gastronómico internacional. La aparente inocencia de este enunciado nos podría hacer suponer que estamos ante las costumbres de un monarca nórdico, que trata de comportarse como un ciudadano normal. No nos vamos a detener en disquisiciones acerca de lo acertado o no de esta figura respecto al significado y actitudes del jefe del Estado español. Por otra parte, la gastronomía, aunque no sea una disciplina necesariamente académica, es una cuestión de indudable significación, con resonancias culturales y con repercusiones económicas de primer orden, sobre todo en un país de tradición turística. Pero resulta definitivamente criticable que se utilice a la familia real para una operación de relaciones públicas a cuyo amparo ha crecido en los últimos años un serio entramado de intereses económicos y de presiones sobre la opinión bajo el pretexto del cuidado de la imagen de empresas, personas o instituciones políticas.Las comparecencias públicas del jefe del Estado no pueden estar al servicio de intereses privados o de grupo, sean del género que sean. La utilización, como hoy se hace, del Rey y la Reina, o como se hizo del Príncipe en otras ocasiones, para este tipo de actos no prestigia precisamente a la institución monárquica y genera serias dudas sobre la coherencia y capacidad del equipo de asesores del jefe del Estado, que tiene el deber de velar por que éste no se vea involucrado en este tipo de maniobras. La presencia en el acto del alcalde de Madrid y del presidente de la comunidad autónoma, al socaire de la propia asistencia de los Reyes y de las celebraciones de un Madrid Cultural de pobre recorrido, empeora el simbolismo institucional del hecho, cuyo desarrollo se puede juzgar mediante la escueta lectura del programa (véase la página 38 de EL PAÍS de hoy).
La reiteración de situaciones semejantes, que comprometen la imagen de la Corona con actividades legítimas pero de discutible prestigio social y de ningún interés público, y que en nada suponen un servicio a la comunidad, merece una observación más atenta por parte del Gobierno. Y es un deber de los órganos de opinión y de la prensa independiente denunciar la manipulación interesada que se hace del trono y de sus representantes, ante la pasividad o con la complicidad inadmisible de quienes debieran evitarlo.
