Ayuntamiento gasta 100 millones en cuatro meses en asesorías para privatizar la funeraria

Nueve empresarios habían formalizado hasta ayer el bastanteo de poderes previo a participar en el concurso de adjudicación del 49% de las acciones de la funeraria municipal. El plazo para aceptar ofertas concluye hoy, y mañana se abrirán las plicas. El concejal de Sanidad ha adelantado la intención del equipo de gobierno de llevar este asunto a pleno este mismo mes. Hay prisa. El Ayuntamiento ha invertido, en sólo cuatro meses, casi 100 millones de pesetas en informes jurídicos y económicos de asesorías particulares que podrían haber redactado gratis 450 funcionarios.

El concejal de Sanidad, Simón Viñals, admitió ayer que la privatización de la funeraria corre prisa: "Hay que dar garantía de solvencia a esta empresa `cuanto antes". Viñals, sin embargo, niega que detrás de esta premura exista cualquier tipo de presi4n externa y presume que se pretende -"con oscuros intereses"- devaluarla y poner en peligro la situación de las familias de los empleados.La semiprivatización de la funeraria, que entrará mañana en su fase definitiva, ha sufrido un acelerón inesperado en los últimos cuatro meses. El 7 de julio de 1992, la funeraria contrató un estudio jurídico con la firma de abogados del Estado excedentes, Invafi, SA, por valor de 12 millones de pesetas, para justificar el mantenimiento del monopolio pese a las intenciones privatizadoras.

Una entrevista anterior, celebrada por el entonces gerente, Francisco Yáñez, y dos asesores jurídicos municipales, puso en entredicho técnicamente el proyecto del equipo de gobierno.

"Monopolio incuestionable"

"Nos consta a todos, incluida la asesoría jurídica de esta casa, que al final, sin prejuzgar él dictamen que vayan a hacer [la consultoría privada], va a salir que esto es un monopolio incuestionable municipal, pero si es necesario presentarlo de una forma muy articulada y muy documentada jurídicamente, pues de acuerdo", avisó por escrito Yáñez a Viñals el pasado 1 de abril.El 31 de julio, el concejal de Sanidad suscribió otro contrato con Invafi para que esta firma defendiera al Ayuntamiento ante el Tribunal de Defensa de la Competencia en el caso de que surgiera algún problema. Esta relación profesional supo ne un gasto al Ayuntamiento de 800.000 pesetas mensuales durante dos años (19,2 millones más IVA).

Invafi. ha efectuado un estudio de 392 folios, con derecho comparado nacional e internacional, en el que concluye que el régimen de la funeraria es le gal, incluso a partir de que entren en vigor las nuevas directivas comunitarias el próximo 1 de enero, porque la empresa es mixta. Esta consultoría asesorará al municipio durante todo el complicado proceso en todos los contenciosos que se- presente por otros 17 millones.

El Ayuntamiento, por otro lado, solicitó consejo a Invafi para encontrar una empresa que elaborara el pliego de condiciones de la privatización. Se ofrecieron tres nombres y se eligió Maxwell y Espinosa, quienes valoraron el patrimonio de la funeraria en 1.400 millones.

Maxwell y Espinosa ha cobrado dos millones y recibirá un 3,5% de la operación (otros 49) cuando ésta se concrete. Hay un pero. Si esto no sucede antes del 31 de diciembre no habrá pago. ¿De ahí las prisas? . El concejal del PSOE Leandro Crespo critica estos gastos por considerarlos un despilfarro, asegura que en el Ayuntamiento hay 450 altos funcionarios capaces de redactar estos mismos informes y eleva la valoración real de la funeraria a 6.000 millones.

Viñals asegura que, en cualquier caso, una cláusula del pliego de condiciones especifica que todos los gastos de la operación correrán a cuenta del adjudicatario.