Francia no controló las donaciones de sangre en cárceles hasta hace un año

Los centros de transfusión sanguínea (CTS) franceses siguieron realizando colectas en las prisiones hasta seis años después del mes de agosto de 1985, fecha en que se hizo obligatorio el análisis de la sangre del donante a fin de evitar la expansión del sida. Un informe realizado por la Inspection Générale de Affaires Sociales (IGAS) y la Inspection Générale des Services Judiciaires (IGSJ) prueba que hasta el 22 de agosto de 1991 las autoridades permitieron que los CTS buscaran donantes de sangre en las cárceles sin tomar ninguna precaución.

El informe es importante, porque amplía a diversos escalones político-administrativos -autoridades de los ministerios de Sanidad y Justicia, sobre todo- las responsabilidades que el juicio celebrado esta primavera-verano quiso limitar al doctor Garretta y otros tres médicos, los doctores Roux, Netter y Allain. Si sólo se considera el año 1985, los datos ya son escalofriantes: las colectas en medios carcelarios aportaron sólo el 0,37% de la sangre donada por los franceses, pero este ínfimo porcentaje es el origen del 25% de los lotes contaminados por el virus del sida.Ya en junio de 1983, una circular de la Dirección General de la Salud (DGS) advertía a los CTS sobre los llamados grupos de riesgo, entre los que incluía a los presos. Sin embargo, esa circular no fue difundida entre la Administración penitenciaria. El doctor Jacques Roux, máximo responsable en la época de la DGS, ha declarado que "existía una presión política para que continuasen las colectas de sangre en las prisiones. El 2 de octubre de 1985 redacté una circular que incluía un párrafo explicando las medidas de seguridad que había que adoptar en las cárceles. Este párrafo fue tachado por el director del gabinete del ministro de Sanidad, el señor Hervé". La revelación es aún más importante en cuanto que el informe del IGAS prueba que, el 14 de agosto de 1985, el Ministerio de Sanidad sabía que el 18,5% de los detenidos en la prisión de Bois-d'Arcy era seropositivo.

Las conclusiones del informe son taxativas: los responsables de los CTS hubieran debido cesar sus colectas en medios penitenciarios a finales de 1984, ya que poseían suficiente información como para prever los riesgos de contaminación, tal y como lo prueba que varios CTS abandonaran tal práctica.

Evitar muertes

El Ministerio de Sanidad también es acusado por haberse conformado con dar directivas -si las daba- en vez de órdenes. La estadística permite comprender mejor la magnitud del drama: en 1985 hubo 14.375 presos que donaron sangre, sobre un total de 3,9 millones de donantes franceses. Entre los detenidos, la proporción de donantes que se revelaron seropositivos es de 441 por cada 10.000, cantidad que se reduce a un 6,4 por cada 10.000 si se habla del conjunto de donantes. El informe concluye que si las distintas autoridades hubiesen actuado correctamente, sólo en 1985 se habría evitado el 40% de las contaminaciones y, por consiguiente, se habrían salvado varios centenares, por no decir miles, de vidas.